La autotutela administrativa como mecanismo de corrección de errores de la administración frente a la lesividad, bajo el principio de legalidad
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Abstract
La presente investigación aborda la autotutela administrativa y la lesividad como mecanismos jurídicos clave en la corrección de actos administrativos dentro del marco del principio de legalidad en el sistema ecuatoriano. A través de un enfoque cualitativo y dogmático-jurídico, se analizan casos emblemáticos como el retiro del asilo político de Julian Assange y la sentencia No. 030-18-SEP-CC de la Corte Constitucional, con el objetivo de identificar las diferencias en los fundamentos, procedimientos y aplicaciones prácticas de estas herramientas jurídicas. La autotutela administrativa, regulada en el artículo 132 del Código Orgánico Administrativo (COA), permite a la administración pública anular actos nulos de pleno derecho sin necesidad de acudir a instancias judiciales. En contraste, la lesividad, definida en el artículo 115 del COA, se aplica a actos administrativos favorables que, aunque válidos, resultan perjudiciales para el interés público y requieren una declaración de lesividad seguida de su ratificación judicial. El análisis revela inconsistencias en la aplicación de ambos mecanismos. En el caso de Julian Assange, la declaratoria de lesividad omitió la ratificación judicial, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica. Por su parte, los procedimientos de autotutela administrativa en el Ministerio de Salud Pública, utilizados para anular nombramientos irregulares, evidenciaron deficiencias como plazos insuficientes para la defensa de los afectados y falta de claridad en las notificaciones. Estos hallazgos destacan la necesidad de protocolos normativos más sólidos y la incorporación de garantías procesales que aseguren la legalidad y legitimidad en las decisiones administrativas. Finalmente, se propone la adopción de buenas prácticas internacionales para uniformar los criterios de aplicación, fortalecer la capacitación de los funcionarios públicos y garantizar un equilibrio adecuado entre la protección del interés público y el respeto de los derechos individuales.
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