El principio de especialidad dentro
de la justicia constitucional en el Ecuador

The principle of specialization within

constitutional justice in Ecuador

Edison Javier Gómez Cordones

Estudiante de la Universidad Indoamérica

https://orcid.org/0000-0003-3373-6252

Daniela Fernanda López Moya
Magister en Derecho Constitucional, Magister en

Derecho Laboral y Seguridad Social

Docente titular Universidad Indoamérica

danielalopez@uti.edu.ec

https://orcid.org/0000-0002-6777-2617

Resumen

La  justicia  constitucional  surge  históricamente  del
desarrollo  constitucional,  tendiente  a  certificar  la  eficacia
de  los  derechos  fundamentales  frente  a  actos  u  omisiones

del poder público y de particulares, para lo cual se sustenta

en la implementación de garantías jurisdiccionales, mismas
que  son  conocidas  en  el  sistema  judicial  ecuatoriano  por
jueces  los  mismos  operadores  de  justicia  de  la  sede
ordinaria,  quienes  tras  el  sorteo  de  una  acción

jurisdiccional, se convierten en jueces constitucionales, por
lo  cual  se  plantea  como  objetivo  verificar  la  justicia
especializada  en  materia  constitucional,  frente  a  la
jurisdicción  de  los  jueces  de  primera  y  segunda  instancia,

quienes mantienen una asignación en función de la

competencia en otras materias. La metodología
implementada es deductivo inductivo, desde un enfoque
cualitativo y una revisión bibliográfica, para analizar el

Imaginario Social
Entidad editora

REDICME (reg-red-18-0061)

e-ISSN: 2737-6362
especial 2024 Vol. 7-2-2024

http://revista-
imaginariosocial.com/index.php/es/index

Recepción: 30 de enero de 2024

Aceptación: 29 de febrero de 2024

150-174

151

principio de especialidad en la justicia constitucional, lo que direcciona a establecer

la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la inmediata y efectiva protección
de los derechos reconocidos por la norma suprema. De lo que se extrae que la justicia
constitucional debe verse reforzada con el principio de especialidad a fin de

garantizar una verdadera tutela de los derechos y generar decisiones idóneas en las
que se refleje la protección de los derechos y una acertada reparación integral.
Palabras clave: Competencia, jurisdicción constitucional, justicia especializada,
justicia Constitucional, principio de especialidad.

Abstract
Constitutional justice historically arises from the constitutional development, tending
to certify the effectiveness of fundamental rights against acts or omissions of public

authorities and individuals, for which it is based on the implementation of
jurisdictional guarantees, which are known in the Ecuadorian judicial system by

judges, the same justice operators of the ordinary courts, who after the drawing of
lots in a jurisdictional action, become constitutional judges, for which the objective is

to verify the specialized justice in constitutional matters, as opposed to the
jurisdiction of the judges of first and second instance, who maintain an assignment
based on the competence in other matters. The methodology implemented is

deductive-inductive, from a qualitative approach and a literature review, to analyze

the principle of specialty in constitutional justice, which aims to establish the
responsibility of the State to ensure the immediate and effective protection of the
rights recognized by the supreme law. From which it is extracted that constitutional
justice must be reinforced with the principle of specialty in order to guarantee a true

protection of rights and to generate suitable decisions in which the protection of
rights and an adequate integral reparation are reflected.
Keywords:

Competence,

constitutional

jurisdiction,

specialized

justice,

constitutional justice, principle of specialty.

Introducción
Dentro del sistema judicial ecuatoriano coexisten la justicia ordinaria, justicia

indígena, pero adicionalmente surge la justicia constitucional que comprende ser
aquel compendio de mecanismos y procesos de índole judicial que permiten
garantizar la eficacia del acto normativo de mayor jerarquía a nivel estatal, como es la

152

constitución, es decir su fundamento es el cumplimiento del principio de supremacía

constitucional.
Esta justicia es ejercida a través de los jueces constitucionales mismos que resuelven
causas enmarcadas en las garantías constitucionales con enfoque en las de carácter

jurisdiccional  que,  en  su  reconocimiento  en  la  carta  política  del  2008  en  el  caso
ecuatoriano,  se  contemplan  un  amplio  catálogo  de  estas  para  la  protección  ante
posibles  transgresiones  de  los  derechos  constitucionales,  no  contemplados  en  la
justicia ordinaria.

Es así que, en este tipo de justicia, su jurisdicción vista como la potestad pública de

administrar justicia recae sobre los jueces constitucionales, mismos que integran a
los jueces de primer y segundo nivel del sistema judicial sin distinción de la materia
en la cual se desempeñen en las causas de tipo ordinario, y por otra parte atendiendo

a las garantías jurisdiccionales estas son de conocimiento de los Jueces de la Corte
Constitucional.

Resaltando que el sistema ecuatoriano dentro de las fuentes del derecho se encuentra
regido por principios jurídicos que son aquellos criterios de optimización que

direccionan o encaminan las actuaciones judiciales. En ese marco dentro del “Código
Orgánico de la Función Judicial” se ve regulado el principio de especialidad que
conlleva la asignación de operadores de justicia de forma específica de acuerdo con

sus diversas áreas y competencias, resaltando por la materia.

Por  lo  que  es  imperante  identificar  si  dentro  de  la  justicia  constitucional  en  causas
jurisdiccionales  existe  o  no  una  debida  aplicación  del  principio  de  especialidad
teniendo  en  consideración  que  la  acción  de  protección,  el  acceso  a  la  información,
habeas corpus y habeas data, entre otras garantías son de conocimiento de jueces de

primer nivel y jueces de segunda instancia y por otro lado, existen garantías, como la
acción extraordinaria de protección y acción por incumplimiento que son conocidas
por jueces de Corte Constitucional, órgano supremo de interpretación, control de

constitucionalidad y de tutela de justicia constitucional
Esta primicia del principio de especialidad, es de utilidad para otros derechos como el

de tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y debido proceso, ya que actualmente
busca identificar la naturaleza, su aplicación y el alcance, bajo la consideración que

los actuales jueces constitucionales de primera instancia están fraccionados en razón
de la materia en Unidades Judiciales de civil, penal, familia, administrativo,
tributario, entre otros, existiendo también aquellas de tipo multicompetente y por

153

otra partes las Salas Provinciales replican esta asignación, quienes atendiendo al caso

y por sorteo asumen el rol de jueces constitucionales.
Hecho diferenciado en las acciones conocidas por la Corte Constitucional,
reconocidas como el principal órgano encargado de la impartir justicia constitucional.

De igual manera hay que tener presente la pretensión estatal, que es la existencia de
una justicia especializada, pues permite que los juzgadores tengan el conocimiento y
la experticia para aplicar de forma correcta la normativa, en función de los diferentes
procesos o acciones.

Por lo que el presente estudio busca realizar un análisis del alcance del principio de

especialidad, en la justicia constitucional particularmente en las garantías
jurisdiccionales, y su posible conexión con otros derechos como los de tutela judicial
efectiva, seguridad jurídica y debido proceso, como resultado se analizarán temáticas

como la justicia constitucional y las garantías jurisdiccionales, la jurisdicción y
competencia constitucional, el principio de especialidad, su naturaleza y su enfoque

en la justicia constitucional.

Desarrollo
Principios rectores para la administración de justicia (COFJ)
Los principios son concebidos como mandatos de optimización que deben cumplirse

en el mayor tiempo posible, dependiendo de la condición fáctica y jurídica presente.

El Estado constitucional se estructura como herramienta práctica para garantizar los
derechos y para este propósito los principios son esenciales.
Las normas jurídicas, especialmente las leyes, deben regirse y vincularse con
principios y valores constitucionales, condicionando su validez, por lo que en varías

situaciones  podría  tener  un  conflicto  entre  principios,  por  lo  que  el  juez  debe
considerar  el  peso  específico  de  cada  uno  para  fundamentar  su  decisión.  La
concepción  presentada  tiene  como  base  los  avances  en  derechos  humanos,

específicamente en principios como la universalidad, interrelación, interdependencia,
indivisibilidad y el igual valor de lo legítimo.

La norma superior establece directrices para respetar los principios y valores que
promueve, protege y contribuyen a la aplicación de los derechos fundamentales lo

cual es objeto para considerar por los administradores de justicia deben salvaguardar
al ejercer la jurisdicción constitucional, es decir al momento de conocer las garantías

154

jurisdiccionales, conforme lo establece el Art. 76 de la Constitución de la República

del Ecuador (en adelante CRE). (Constitución del Ecuador, 2008)
En la CRE registra varios criterios de aplicación de derechos, gran parte están
positivizados en el Código Orgánico de la Función Judicial (en adelante COFJ), desde

el  Art.  4  hasta  el  31,  donde  el  juez  puede  expresar  el  propósito  de  fundar  las
decisiones  en  la  ponderación  de  principios,  deberá  tener  en  cuenta  la  práctica,  es
decir  que  se  puede  resolver  el  caso  mediante  la  aplicación  directa  de  una  regla  de
derecho.  Esto  sugiere  que,  a  pesar  de  la  introducción  de  un  enfoque  basado  en

principios, los jueces aún pueden optar por resolver casos de manera más

convencional, subsumiendo los hechos bajo reglas preexistentes, por tanto, es
imperioso acoger los principios para una adecuada administración de justicia.
(Código Orgánico de la Función Judicial, 2009)

En ciertos casos, los magistrados pueden emplear los principios no necesariamente
para llenar lagunas legales o invalidar normas claramente aplicables, sino más bien

para reafirmar y respaldar lo que las normas ya establecen. Esto resalta la dualidad
en la forma en que los principios constitucionales pueden ser utilizados en el proceso

judicial, ya sea como herramientas de cambio y cuestionamiento o como
instrumentos de reafirmación de las normas existentes. (Cevallos y Litardo, 2018)
Por otro lado, Los principios rectores permiten su acopio, procesamiento, publicación

y archivo, de modo que la legalidad formal debe reorientarse hacia una legalidad

sustancial,  sometiendo  la  ley  a  vínculos  sustanciales  impuestos  por  principios  y
derechos fundamentales.
En  el  sistema  judicial  ecuatoriano  el  COFJ  (2009)  se  enumera  del  Art.  1  al  31  los
principios que deben guiar la Función Judicial para lograr la justicia eficaz y eficiente

tales  como  la  supremacía  constitucional,  interpretación  constitucional,  legalidad,
jurisdicción  y  competencia,  independencia,  imparcialidad,  la  unidad  jurisdiccional,
especialidad,  gratuidad,  publicidad,  responsabilidad,  dedicación  exclusiva,

inmediación, concentración, celeridad, probidad, acceso a la justicia, tutela
efectiva de los derechos, interculturalidad, seguridad jurídica, buena fe y lealtad

procesal, verdad procesal, obligatoriedad de administración de justicia, colaboración
judicial y la impugnabilidad en sede judicial de los actos administrativos

En ese contexto, la supremacía constitucional permite conocer de una forma amplia
cuales son los parámetros de aplicación de la constitución, utilizados por los
funcionarios públicos y judiciales, los cuales no pueden menoscabar o contravenir al

155

contenido de la carta fundamental de conformidad a lo que determina el COFJ,

mientras  que,  el  de  “Aplicabilidad  directa  e  inmediata  de  la  norma  constitucional”
(Código  Orgánico  de  la  Función  Judicial,  2009)insta  a  que  los  juzgadores,
funcionarios  y  asistentes  están  en  la  obligación  de  aplicar  de  forma  directa  esta

normativa  y  tratados  y  convenios  internacionales,  estableciendo  estos  criterios  de
optimización  en  donde  el  invocar  incomprensión  de  la  norma  puede  evidenciar  la
transgresión de los derechos.
El  principio  de  especialidad  es  un  tema  focal  en  la  presente  investigación  pues  se

establece que el mandato jurisdiccional tiene que estar ejercido de manera especial

por parte de los jueces, según las distintas áreas de competencia. Además, resalta la
importancia de aplicar la Constitución a través de una interpretación integral,
buscando así favorecer la validez y eficacia de las garantías establecidas en la CRE.

Este principio promueve un régimen de justicia especializada y comprometida con el
amparo de los derechos fundamentales. (Vélez y Rodríguez, 2024)

Por consecuencia la normativa establece que los principios constitucionales de forma
genérica, basados en valores morales, deben ser obligatoriamente aplicados por los

administradores de justicia, especialmente cuando se involucran garantías y derechos
evidentes por su naturaleza. Aunque se espera que todos los jueces estén
familiarizados con la Constitución, la normativa resalta la importancia de la

especialidad en razón de la materia. Esta especialidad permite a los jueces realizar

interpretaciones integrales necesarias para el adiestramiento seguro de los derechos.

Principio de especialidad en el sistema jurídico ecuatoriano (Unidades
multicompetente, familia, jueces)

Al hablar de la naturaleza del principio de especialidad, se parte desde una
perspectiva más profunda en el ámbito jurídico, que denota el término principio, se
funda en valores que se orienta o correlaciona a un estándar previsto como

trascendental en el campo del Derecho, al enfocarse en el de especialidad se refiere a
la particularidad, peculiaridad y distinción entre otros.

El mismo está contemplado en el COFJ (2009) de forma textual manifiesta:

La potestad jurisdiccional se ejercerá por los jueces de forma especializada,

según  las  diferentes  áreas  de  la  competencia.  Sin  embargo,  en  lugares  con
escasa  población  de  usuarios  o  en  atención  a  la  carga  procesal,  el  juez  podrá
ejercer  varias  o  la  totalidad  de  las  especializaciones  de  conformidad  con  las

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previsiones de este Código. Este principio no se contrapone al principio de

seguridad jurídica contemplado en el artículo 25 de la CRE. Las decisiones
definitivas de los jueces deberán ser ejecutadas en la instancia determinada
por la ley (Art. 11)

Siendo la normativa que regula y desarrolla este principio, se rige de forma amplia, lo
cual no se limita al ámbito de una especialidad si no que más allá de los genérico, por
tal razón requiere de un conocimiento previo el cual nos permita entender de forma
técnica su aplicación.

En ese sentido el principio de especialidad principalmente se refiere a una materia

determinada, la cual debe estar regulada por una normativa específica, que debe
suponer un contexto de lo general a lo particular en el ámbito del Derecho, esta
premisa habla de la aplicación de conocimiento minucioso y extenso en ese ámbito,

de tal manera que por esta particularidad necesita un tratamiento más instruido o
focalizado, destacando el objeto de estudio materia constitucional. (Cevallos et

al.,2023)
Se considera un pilar fundamental para garantizar el derecho a la seguridad jurídica,

cuando  hace  referencia  a  que  las  normas  deberán  ser  previas,  claras  y  <<aplicadas
por  autoridad  competente>>.  Además,  su  cumplimiento  es  obligatorio  y  no
facultativo,  pues  reviste  a  los  jueces  de  competencia,  con  observancia  a  la  materia,

excepto en casos excepcionales que, por razones de cobertura territorial y cantones

con  menor  uso  del  sistema  de  justicia,  se  incorporó  la  figura  de  jueces
multicompetentes en mérito de la afluencia de causas.
El Código Orgánico de la Función Judicial (2009), establece en el Art. 254  que es el
Consejo  de  la  Judicatura  “El  órgano  de  gobierno,  administración,  vigilancia  y

disciplina de la Función Judicial”. Por otro lado, en el Art.181 numerales 1 y 5 de la
CRE se habla del marco constitucional en el cual determina que entre sus funciones
se encuentra el “(..)1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y

modernización del sistema judicial. (…) 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la
Función Judicial. (…)” he aquí la relevancia frente al principio de especialidad, en

relación con la determinación de jueces para la cobertura de gobierno de justicia a
nivel nacional. (Constitución del Ecuador, 2008).

Así mismo “(…)Excepcionalmente, y previo estudio técnico que justifique tal
necesidad, el Consejo de la Judicatura podrá modificarla, únicamente en los casos de
creación, traslado, fusión o supresión de salas de cortes, tribunales y juzgados

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(…).”(Constitución del Ecuador, 2008)., para lo cual el Consejo incluso define

materias que pueden ser abordadas dentro de una misma unidad judicial, acorde a la
afluencia y a los estudios pertinentes como son los casos de las Unidades Judiciales
Civiles del cantón Ambato quienes a más de materia civil asumieron la competencia

en materia de inquilinato y laboral.
En  ese  contexto  la  especialidad  se  debe  aplicar  de  acuerdo  con  las  áreas  de
competencia  y  la  potestad  que  tienen  los  jueces,  es  así  que  el  sistema  de  justicia
ecuatoriano se compone en la justicia ordinaría por magistrados de la Corte Nacional,

Corte Provincial, Tribunales y Juzgados y adicional está el juez de paz.

En  tal  razón  la  Corte  Nacional  ejerce  su  autoridad  en  todo  el  territorio  nacional
integrada  por  21  jueces  distribuidos  en  salas  especializadas  como  “la  sala  de  lo
laboral,  civil  y  mercantil,  penal  militar,  policial  y  tránsito,  sala  de  familia,  niñez,

adolescencia y adolescentes infractores y por ultimo las salas de lo contencioso
administrativo y tributario”, quienes desempeñan funciones conforme la CRE (2008)

siendo las siguientes:

1. Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la

ley. 2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamental en
los fallos de triple reiteración. 3. Conocer las causas que se inicien contra las
servidoras y servidores públicos que gocen de fuero. 4. Presentar proyectos de

ley relacionados con el sistema de administración de justicia. (Art. 184)

Por otra parte, se encuentran las Cortes Provinciales de Justicia, instancias donde el
Consejo  de  la  judicatura  es  quien  acorde  a  la  realidad  de  cada  provincia  y  estudios
previos  designa  a  los  jueces  que  ameriten,  de  igual  manera  se  divide  y  organiza  en
salas  especializadas  integrada  por  los  juzgadores  necesarios  quienes  serán  los

encargados de conocer y sustanciar las causas, se constituyen de forma especializada
de acuerdo con su materia. (Constitución del Ecuador, 2008).
Mientras que los Tribunales y Juzgados son los establecidos de acuerdo con las

necesidades de la población incluso en este texto constitucional refiere que en cada
cantón se debe contar por lo menos con un juez especializado en materia de niñez y

adolescencia, así como también en adolescentes infractores, sin embargo, de existir
centros de rehabilitación social se debe contar con un juzgado de garantías

penitenciarias.
Finalmente, los jueces de paz mantienen competencia según la CRE (2008) en “(…)
conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean

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sometidos a su jurisdicción”, siendo que son seleccionados por su comunidad en un

proceso que cuenta con el acompañamiento del Consejo de la Judicatura, por lo que
su enfoque es contar con respeto, admiración y sobre todo el apoyo del colectivo de
acuerdo con lo que determina el Art. 189 de la CRE.

La aplicación debe ser preferente a la materia específica sobre la norma que regula un
género más amplio. Este principio busca que la normativa especial se adecue
principalmente a las particularidades y exigencias de la materia que trata, así como a
los intereses de los sujetos involucrados, de forma especial esta no anula la norma

general, sino más bien se apoya en ella para cumplir con los fines y principios del

ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Por otro lado, el Art.175 de la CRE se instituye el exigir y garantizar que exista una
justicia especializada, en la cual pueda predominar el conocimiento y experticia de los

magistrados, no obstante en la práctica diaria, es posible que no se cumpla con la
norma constitucional, ya que podría ser por la falta de capacitaciones formales que se

estaría tomando en consideración los estudios y especialización en áreas
determinadas del derecho, lo que perjudica y vulnera el principio de especialización.

En las unidades judiciales multicompetentes, es donde se ha generado un punto de
discusión sobre la aplicación del principio de especialidad ante el amplio campo de
materias que son de su conocimiento, lo

que podría traer consigo que el sistema de

justicia se distancie del principio rector de calidad, incurriendo en la transgresión de

los derechos de todos quienes acuden a los órganos de justicia, ya que toda decisión
que sea tomada debe ser ejecutada conforme lo determinada la ley y en las instancias
judiciales multicompetentes.
Particular que a su vez también amerita destacar en materia constitucional, siendo

que,  en  el  contexto  ecuatoriano  a  más  de  manejar  el  pluralismo  jurídico  con  la
existencia de  justicia ordinaria,  justicia indígena y de reconocer la figura de jueces
de  paz,  y  las  técnicas  distintas  de  solución  de  conflictos,  emerge  en  el  marco  del

Estado democrático, la Justicia de índole Constitucional, cuya proyección es la
eficiencia y eficacia del principio de supremacía constitucional, principio de

especialidad y disposiciones constitucionales que refieren a los derechos plenamente
justiciables conforme el Art.11 de la CRE.

159

Justicia Constitucional y garantías jurisdiccionales

En cuanto a la justicia constitucional este es un mecanismo esencial del poder
constituyente y sobre todo de la CRE, si bien su implementación ha sido producto del
desarrollo histórico que surge en los Estados Unidos y se extiende por diversas

naciones  iberoamericanas.  Su impuso  en  Europa  fue  en  el  siglo XX,  experimentado
una profundización con la aparición de instancias jurisdiccionales tanto en el entorno
gubernamental  e  internacional  que  buscaban  resolver  los  procesos  con  base  en  las
normas  materialmente  establecidas  en  las  cartas  políticas,  tratados  y      convenios

internacionales

. Se especializó en el derecho público y fue regulada por Cortes

Supremas o Tribunales en justicia ordinaria, pero algunos países han optado por
crear tribunales constitucionales, al igual que en Latinoamérica

(

Reyes, 2019)

Para algunos tratadistas la justicia constitucional surgió como una forma de cubrir las

situaciones y debilidades de la Constitución, siendo la que otorga un papel de garante
y representante a los tribunales, que pueden intervenir en los procesos de

transformación política desde los regímenes autoritarios hacia los sistemas
democráticos. De esta manera, se trata de proteger los principios, valores y derechos

fundamentales de las minorías frente a las mayorías parlamentarias, tal como lo
planteó Hamilton

. (Campbell, 2019)

Según Giannina Bocchi Jiménez, este tipo de justicia aspira garantizar la supremacía

de la Constitución, donde la principal idea es que está abierta y es accesible para la

ciudadanía. (Bocchi,2023). Es la responsable de evaluar garantías de pura
competencia y su comprensión no solo debe superar la visión técnica si no la realidad
actual de la sociedad, en virtud de que se debe asegurar los derechos constitucionales
que son aplicados a la situación de la ciudadanía, cuando se activan garantías

jurisdiccionales.
Para Manuel Fondevila, es una justicia que deriva de una parte fundamental para el
amparo del Estado judicial ya que dota de coherencia a todo el sistema jurídico, lo

que es conducente a ser vista como la instancia en la cual se puede salvaguardar los
derechos de minorías políticas y sociales. Esta idea había sido defendida por Kelsen

ya que solo se podía acceder a esta justicia cuando se activan garantías para la
defensa de principios, valores y derechos determinados en la Constitución. El

objetivo principal del manejo de esta justicia era el compromiso entre las mayorías y
minorías, evitando que exista una violación inconstitucional de los derechos, dando
un aparte fundamental a la paz social. (

Fondevila, 2023)

160

En efecto todo derecho consagrado en la constitución no solo tiene que estar sujeto a

aspectos  teóricos  sino  a  prácticos,  es  decir  hacer  ejecutados  por  los  magistrados
según  la  materia,  ya  que  esto  estaría  limitando  la  interpretación  formal  de  la  carta
fundamental,  acorde  a  ciertos  criterios  que  no  han  adoptado  medidas  audaces  para

fomentar  una  justicia  constitucional  que  vaya  en  beneficio  de  los  derechos
consagrados en la CRE y busque apaciguar conflictos de naturaleza constitucional. La
mejor  forma  de  impulsar  esta  justicia  es  implementar  y  mantener  un  órgano
jurisdiccional  que  trabaje  de  manera  independiente,  sobre  todo  que  los  juzgadores

gocen de competencia en cuanto a la especialidad a fin de que conozca y resuelvan los

procesos que se presentan en primera instancia cuando  se trate de la protección de
derechos quebrantados. (Flores, 2024)
En  los  Estados  democráticos  constitucionales,  este  tipo  de  justicia  viene  a  ser  el

conjunto de las normas incluidas en la carta política que activan al sector
jurisdiccional para la eficacia de derechos fundamentales, pues el texto constitucional

señala que “

Los derechos serán plenamente justiciables.

(Constitucion de la

Republica del Ecuador, 2008)

” limitando el poder estatal y brinda un elemento de

legitimidad al modelo de Estado, que en el caso ecuatoriano impone como el más alto
deber estatal proteger y forjar el respeto los derechos contemplados en el
ordenamiento jurídico.

En el régimen del Salvador se observa una ruptura significativa con los cánones

tradicionales, donde la justicia constitucional se integra en la estructura judicial
ordinaria. Esta evolución ha llevado a que la justicia actual no pueda ser identificada
únicamente por elementos formales o institucionales, sino que debe entenderse como
un concepto material y sustantivo. En este contexto, se ha definido por el conjunto de

técnicas destinadas a garantizar e interpretar la constitución a través de mecanismos
jurisdiccionales, independientemente de su forma específica.

(Storini y Guerra, 2019)

En la legislación ecuatoriana

el equilibrio que ha tenido la justicia constitucional ha

sido a partir de la Constitución del 2008 donde se establecieron principios, garantías
y derechos fundamentales, no obstante, su aplicación requiere de múltiples

condiciones que parten desde una cultura legal, compromiso estatal y ciudadano, y
del argumento que busque transformar la realidad tanto de la práctica como de la

estructura del Estado, sin embargo, la implementación de las garantías permite que
no exista ningún tipo de violación a lo estipulado en la carta política. (Morales, 2018)

161

En lo pertinente a las garantías jurisdiccionales, estas vienen a ser necesarias para la

efectiva  correlación  jurídica,  siendo  herramientas  legales  de  aplicación  y  respecto  a
los  derechos  constitucionales,  mismas  que  son  esenciales  para  mantener  la
normalidad  jurídica  y  social,  asegurando  así  la  continuidad  del  orden  establecido.

(Piñas, Viteri, Hernández, 2020)
Según Eduardo Costaín manifiesta que el término justicia representa al principio de
justiciabilidad,  que  en  efecto  es  la  necesidad  de  encontrar  respuestas  rápidas  en
materia  de  garantías  jurisdiccionales,  en  especial  cuando  se  trate  del  acceso  a  los

órganos administradores de justicia a fin de tener fallos claros y de cumplimiento

rápido y oportuno, desistiendo de dictámenes o resoluciones que no tenga un
resultado vinculante. De esta forma es como se activan los mecanismos de amparo
directo a los derechos consagrados en la CRE. (Costaín, 2020)

Las garantías jurisdiccionales se centran en la prohibición por sanción o disuasión, es
decir resulta en responsabilidades de protección y reparación por parte del Estado y

entidades privadas, por tanto, el ciudadano puede ejercer su derecho a la tutela para
exigir justiciabilidad de los derechos que han sido violentados. (Moreno y

Campoverde, 2023)
Para la autora Alexandra García (2023) son mecanismos que permiten a los
ciudadanos prevenir el quebrantamiento de derechos constitucionales, exigir

reparación por transgresiones o lograr el cumplimiento de derechos negados. Tanto

la CRE y  la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante
LGJCC) establecen los medios y requisitos para ejercer estas garantías. Sin embargo,
el  problema  en  la  actualidad  es  la  aplicación  excesiva  de  estas  herramientas  para
resolver  arbitrariamente  asuntos  que  corresponden  a  la  justicia  ordinaria.  (García,

2023) La invocación caprichosa de estos derechos fundamentales, como la seguridad
jurídica o debido proceso, se ha vuelto común para anular actos administrativos,
convirtiendo al juez constitucional en un sustituto forzado de los tribunales

administrativos. Esta práctica, utilizada para eludir la justicia, se agrava por la
complicidad de jueces constitucionales que permiten su prosperidad.

En el titulo tercero de la CRE se encuentran las garantías constitucionales y dentro de
estas tenemos las normativas, políticas públicas y jurisdiccionales que tienen un

enfoque específico en los derechos. Es así como en el Art. 86 de la CRE reconoce
como mecanismos de defensa en favor de individuos, colectividades, poblaciones y

162

nacionalidades, que son de conocimiento de los jueces cuando exista una acción u

omisión que provoquen violaciones a los derechos.
Cabe destacar que las mismas poseen un tratamiento especial, con reglas específicas
para su sustanciación, siendo que el procedimiento se realiza de forma sencilla,

eficiente y expedita. Adicionalmente se destaca que “Ninguna norma jurídica podrá
restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales” con lo que
se evidencia la importancia de su implementación. (Constitucion de la Republica del
Ecuador, 2008)

Es así qué la presentación de estas acciones se las realiza de forma oral o escrita sin

mayor formalidad, pues incluso no es necesario indicar cual norma fue quebrantada y
tampoco es obligatorio contar con el patrocinio de un abogado para su presentación o
apelación, en el procedimiento se evita que existe algún tipo de dilación en cuanto a

las garantías.
El procedimiento está regido por LGJCC, se inicia con la presentación de la demanda,

la cual deberá ser calificada dentro de las veinte cuatro horas a fin de conocer si es
aceptada o inadmitida, cumplida con los requisitos establecidos en la norma en el

término no mayor a tres dias se deberá llamar audiencia, tanto al legitimado activo
(accionante) y al órgano e institución legitimado pasivo (accionado) como regulación
general, existiendo garantías con una sustanciación un tanto diversa como el Hábeas

Corpus.(Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009).

Al momento del realizar la audiencia el magistrado da la palabra al legitimado activo,
el cual puede ser una persona, comunidad, colectivo o el defensor del pueblo que
haya sido víctima de la trasgresión directa o indirecta de los derechos, en esta fase se
darán a conocer alegatos, medios probatorios con los que justifiquen la vulneración

de los derechos. El procedimiento puede terminar mediante tres formas
desistimiento, allanamiento o sentencia, esta última es cuando el juez ya tiene
formado un criterio y dicta su decisión la cual deberá ser notificada a las partes en el

término de cuarenta y ocho horas. (Granda, 2023)
Dentro del catálogo de estas garantías se encuentran, la acción de protección, la cual

posibilita la defensa inmediata y eficaz de los derechos, que no se encuentre en las
demás acciones. El habeas corpus, se centra en salvaguardar la vida, libertad, e

integridad física y otros derechos que se encuentren conexos, mientras que, el acceso
a la información pública busca transparencia y acceso a toda información que ha sido

163

negada de forma tácita y expresa, el habeas data tiene como finalidad otorgar toda la

información personal, datos genéticos e informes de los bienes.
Por otro lado, se presenta la acción por incumplimiento cuyo objetivo es el uso de
códigos y leyes que constituyen al régimen judicial ecuatoriano, en efecto el derecho a

la  seguridad  jurídica  ante  las  posibles  negligencias  y  la  acción  extraordinaria  de
protección  en  cambio  busca  resguardar  el  debido  proceso  dentro  de  los  fallos  o
resoluciones  que  al  tener  fuerza  de  sentencia  que  cause  acciones  u  omisiones  a  los
derechos  consagrados  en  la  CRE.  Estas  dos  últimas  son  garantías  que  conoce

directamente la Corte Constitucional, en cambio las demás son conocidas por jueces

de primera y segunda instancia del lugar donde se produjo la acción u omisión. (Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009).
Cada una de las garantías brinda protección y orientación a derechos específicos que

no son abordados por la justicia ordinaria. Por lo que el objetivo principal de estas
acciones jurisdiccionales es salvaguardar los derechos básicos de las personas,

prevenir la vulneración e incluso cuando existe un interés superior, como el del
Estado.

En situaciones donde se confirme la violación de derechos, el Art.18 de la LGJCC
manifiesta que se llevará a cabo una reparación integral que aborde tanto los aspectos
materiales como inmateriales del daño ocasionado. El propósito es asegurar que

aquellos cuyos derechos fueron vulnerados puedan disfrutar de manera óptima y

sobre  todo  restaurar  el  contexto  previo  a  la  vulneración.  Las  modalidades  de
reparación  pueden  incluir  restitución  a  los  derechos,  compensación  financiera,
restitución,  satisfacción,  implementación  de  garantías  para  evitar  repeticiones,
medidas  de  reconocimiento,  disculpas  públicas,  prestación  de  servicios  públicos  y

atención médica, entre otras de resarcimiento.
Respecto al daño material, se contempla indemnización por el menoscabo de
ganancias, perdidas relacionadas a consecuencias económicas que estén directamente

conexas con los hechos, mientras que, la compensación por el perjuicio inmaterial
consiste en compensar desconsuelos y consternaciones al ciudadano afectado y

cercanos, así como el quebranto de productos significativos y alteraciones no
pecuniarias en sus condiciones de vida. Puede realizarse con el desembolso de dinero

o retribución de haberes o prestaciones valorables. La cantidad se determina
considerando la violación, circunstancias, consecuencias y el impacto en el proyecto
de vida (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009).

164

La normativa jurídica ecuatoriana establece que los derechos son justiciables de

modo  que  al  acceder  a  los  órganos  de  justicia  y  de  tener  la  tutela  judicial  segura,
permite  que  todos  pueda  ser  visto  en  igualdad  de  condiciones  y  sean  escuchados
públicamente  ante  los  Juzgados,  Cortes  y  tribunales  quienes  deberán  ser

competentes,  imparciales  e  independientes.  Por  tanto,  es  imprescindible  la
coexistencia de reglas claras para su aplicación  por parte de los administradores de
justicia sobre todo cuando conozcan y tramiten este tipo de garantías jurisdiccionales.
Es  importante  manifestar  que  los  jueces  deberán  contar  con  la  jurisdicción  y

competencia, sobre todo esta última en cuanto a la especialidad lo que conduce a una

justicia constitucional efectiva y eficiente.

Jurisdicción y Competencia en materia constitucional

La jurisdicción es la facultad conferida a una autoridad judicial, sea esta de tribunales
y juzgados en proceso judiciales, para de efectuar decisiones y hacerlas cumplir. El

origen se implementa con el nombramiento y con la posesión del magistrado este
inicia con el desarrollo de sus funciones, que serán hasta que exista un sucesor de su

cargo. En cambio, la competencia es “La medida en la que puede conocer y resolver
situaciones jurídicas, sea en las diversas Cortes, tribunales y juzgados, en razón de las
personas, del territorio, de la materia, y de los grados” (Código Orgánico de la

Función Judicial, 2009).

La jurisdicción constitucional tiene como finalidad racionalizar el concepto de review
judicial, que busca lograr una toma de decisiones de naturaleza, encomendada a un
solo órgano, el Juzgado Constitucional. Este ente se encarga principalmente de
garantizar la superioridad de la Constitución, asegurando de manera efectiva como el

orden primordial del Estado. La Constitución normaliza y constituye los elementos
fundamentales de la potestad estatal, al mismo tiempo que contempla y ampara los
derechos individuales.

En el proceso de racionalización de la jurisdicción constitucional, especialmente en el
juicio, se tienen en cuenta las características de la elevada indeterminación de la

mayoría de las disposiciones legales del sistema y la importancia especial de la ley,
aprobada por un Parlamento democráticamente elegido. En este contexto, el Tribunal

Constitucional reconoce la necesidad no solo de aplicar métodos clásicos de
interpretación, sino también de utilizar la propia Constitución como norma

165

interpretativa. De esta manera, reafirma la supremacía de la Constitución dentro del

ordenamiento jurídico. (Cárdenas y Castañeda, 2023)
Según Andrés Cervantes (2020) destaca que la jurisdicción constitucional no tiene la
función de reemplazar a las instancias judiciales ordinarias, evitando así desvirtuar la

estructura  jurisdiccional  del  Estado  y  respetando  la  garantía  institucional  de  la
Función Judicial. Ha enfatizado que la Corte Constitucional no debe interferir en las
competencias  de  los  jueces  de  garantías  constitucionales,  quienes  son  responsables
de ejecutar sus propias decisiones, incluyendo medidas cautelares. (Cervantes, 2020).

Por tal razón, las garantías están diseñadas para proteger al individuo frente al poder

del Estado y no al revés. Se advierte sobre el riesgo de que el Estado utilice estas
garantías para justificar actos arbitrarios que violen el debido proceso o derechos.

Para el

tratadista Rocco la competencia es la parte de la jurisdicción la que permite

que los juzgadores puedan conocer de forma específica, casos de acuerdo a su
materia, territorio, grado siendo los órganos privilegiados en avocar conocimiento y

dar a trámite dichas causas, sin embargo para el argentino Gozaini, esta se aborda
desde dos perspectivas, la primera desde el enfoque objetivo en donde manifiesta que

es la determinación del juzgador a causas o cuestiones específicas, es decir que el juez
solo  puede  intervenir  para  casos  donde  la  norma  de  forma  expresa  le  otorgue  su
competencia,  encontrándose  limitado  a  conocer  asuntos  contemplados  por  la

normativa, desde un el enfoque subjetivo la competencia también restringe la

actuación  del  magistrado  en  función  de  la  materia  y  territorio,  en  este  sentido  se
distingue que los jueces en su territorio jurisdiccional deben dividirse por materias,
dando  una  visión  más  clara  de  lo  que  delimita  a  la  jurisdicción  en  sus  áreas
específicas. (Bermeo y Guerra,2021)

Con enfoque exclusivo en justicia constitucional por tanto la jurisdicción en esta área
es la facultad otorgada a los juzgadores para administrar justicia y hacer ejecutar lo
juzgado, pero en este caso parte desde el principio de supremacía constitucional y se

asocia a la administración de justicia constitucional en el marco de garantías
jurisdiccionales

Como se mencionó el punto focal es la competencia en relación a la materia que en
este caso, según Vásquez y Barrios (2018) manifiesta que es la facultad de

tratamiento  que  se  da  a  una  materia  especifica  por  parte  de  una  autoridad,  está
dividida  en  exclusiva  y  concurrente,  la  primera  nos  hace  alusión  a  que  la  norma
regula  solo  materias  que  se  encuentren  determinadas  en  su  contenido  de  manera

166

total, mientras que la segunda nos manifiesta que es aquella donde los titulares

acuden a la regular la materia de forma parcial, en ese contexto podemos identificar
que es una regla esencial para la resolución de controversias.
Cuando se trata de garantías jurisdiccionales la competencia está sujeta a los

juzgadores de primera instancia del lugar en donde se produjo la acción u omisión
que vulnero derechos constitucionales, su conocimiento sera por medio de un sorteo
del proceso, en donde deberá conocer los jueces de primer nivel, sin embargo, cuando
se trate de privación de libertad asociada inherentemente a una causa penal el habeas

corpus deberá ser interpuesto directamente a la Corte Provincial de Justicia.

En el Ecuador la jurisdicción y la competencia aparecen de la CRE de acuerdo con lo
que estipula el COFJ dicha norma nos habla de dos aspectos el primero como
principios fundamentales y el segundo como una potestad pública, sin embargo,

ambos son ejercidos por los administradores de justicia, esto es el mandato
jurisdiccional de sentenciar y ejecutar dicho fallo, conforme lo contempla la Carta

Fundamental y leyes, siempre y cuando se respete la competencia.
El COFJ manifiesta que es la medida incluyente en la potestad jurisdiccional a la que

se  le  atribuye  por  cortes,  tribunales  y  juzgados  tornándose  exclusiva  para  que  se
conozcan  casos  concretos,  pasando  así  a  ser  órganos  explícitos  para  su
procedimiento,  tomando  en  consideración  la  influencia  que  puede  tener  la

jurisdicción en cuestiones al grado, territorio, materia y persona. sin embargo, con el

enfoque específico en razón a la materia constitucional, debido a que el principal
problema es determinar si en la justicia constitucional la competencia que tiene los
juzgadores ordinarios de primera y segunda instancia les permite resolver las
garantías jurisdiccionales.

En el Art. 7 de la LGJCC refiere que la competencia estará dispuesta por cualquier
juez de primera instancia del sitio donde se produce la acción u omisión, de tal modo
que cuando exista varios jueces dentro de la misma jurisdicción y este es competente,

la demanda entrara a sorteo entre ellos, de modo preferente y rápido, sin embargo,
también puede ser presentada de forma oral ante cualquier unidad judicial, en caso

de presentarse de esta manera deberá realizar el sorteo con la identificación personal.
El juzgador deberá conocer todas las acciones que están establecidas en la norma y no

podrá inhibirse, a excepción de la excusa cuando esta se trate del lugar. En caso de
que el juez sea incompetente ya sea por el territorio, grado o persona deberá
inadmitir la acción en su primera providencia, cuando se trate de días feriados el

167

magistrado competente será el de turno, siendo estas las reglas generales. (Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009).
La decisión de los jueces dentro del Estado Constitucional de derechos está en
desarrollar y puntualizar los principios constitucionales para garantizar los derechos

y en lo proporcional la tutela judicial efectiva, toda decisión debe tomar como base el
razonamiento  y  exposición  de  motivos  en  el  cual  reflejen  la  interpretación  y
aplicación  de  los  jueces.  El  juzgador  realiza  un  papel  esencial,  ya  que  es  el  directo
encargado  de  la  administración  en  cuanto  a  justicia  constitucional,  ya  que es  quien

materializa los fundamentos de la Carta Suprema orientando al respeto de los

derechos y justicia, siendo uno de los deberes que se encuentra estipulado en el
Código de la Función judicial.

Discusión
El actual modelo en el Ecuador es ser un Estado constitucional de derechos y justicia,

por lo que es su deber garantizar la justiciabilidad de los derechos fundamentales, así
como su eficacia, es así que se ha habilitado la justicia ordinaria esencialmente, sin

desconocer a la indígena, y a su vez surge la de tipo constitucional, en ellas con la
preexistencia de otros principios que direccionan su actuar, como lo son el de
independencia, imparcialidad, debida diligencia, celeridad, especialidad, entre otros.

A lo que se adiciona que a la administración de justicia se la mira como un servicio de

carácter público, por lo que se halla vinculado a su vez con el principio de calidad.
Un derecho a destacar para la sustanciación de las causas en el sistema judicial, es la
seguridad jurídica que, a más de la existencia de normas previas, claras y obligatorias,
hace un llamado para que sean aplicados por la autoridad competente, lo que refleja

una vez más la imperiosa identificación del operador de justicia pertinente, siendo
que se amerita que este cuente con los conocimientos suficientes, pues en lo esencial
puede resultar algo complejo el tratamiento que se da a los derechos consagrados

desde el enfoque de cada una de las materias por los que son sustanciados, al requerir
una observación a los aspectos teóricos, pero también prácticos, para no limitar su

esencia.
Una justicia especializada por tanto conlleva a la existencia de juzgadores con un

conocimiento profundo y experticia en una materia en específico, para asegurar la
tutela judicial efectiva de los derechos, dentro de las causas que han sido puestas en
su conocimiento. El principio de especialidad en la justicia constitucional es un

168

elemento fundamental para garantizar una aplicación coherente y efectiva de la

normativa  en  el  sistema  jurídico  ecuatoriano,  siendo  la  directriz  que  orienta  a  la
actuación  de  los  jueces,  a  tal  punto  de  exigir  una  especialización  en  las  diferentes
áreas de su competencia.

Sin embargo, su implementación presenta desafíos que deben ser cuidadosamente
examinados, destacando que según lo establecido en el Art. 11 del COFJ, la potestad
jurisdiccional debe ser ejercida por los magistrados según las áreas asignadas, pero a
su vez esta norma faculta que los jueces ejerzan varias competencias en lugares donde

no exista una carga procesal requerida, especialmente en unidades

Multicompetentes, lo que expresamente refiere que no contradice al derecho a la
seguridad jurídica, más a pesar de ello genera cuestionamientos en el contexto de la
justicia constitucional.

Razón por la cual uno de los principales desafíos identificados en el régimen judicial
es la falta de jueces focalizados en esta materia constitucional, que, si bien todos los

operadores de justicia cuentan con jurisdicción y competencia según la CRE, COFJ y
la LOGJCC, para conocer garantías jurisdiccionales su especialidad en esencia

atiende a otro tipo de causas según la unidad judicial a la que estén integrados.
Es así como las acciones jurisdiccionales que atienden estrictamente a materia
constitucional son de conocimiento de jueces ordinarios quienes tramitan y resuelven

dejando de lado su actuar habitual, para convertirse en jueces constitucionales. Según

Solano  et  al.  (2023)  la  inexistencia  de  operadores  de  justicia  en  particular  con
experticia  en  materia  constitucional  genera  incertidumbre  entre  los  legitimados
activos  que  pretenden  interponer  una  causa,  frente  al  campo  de  conocimiento
específico para la atención de sus derechos.

Cabe  resaltar  que  el  Consejo  de  la  Judicatura  al  ser  un  órgano  de  vigilancia  y
administración  de  la  Función  Judicial,    quien  define  la  necesidad  de  las  unidades
jurisdiccionales  y  el  número  de  magistrados  para  su  atención,  por  lo  que  ha  sido

objeto de discusión el definir unidades especializadas en tema constitucional, para a
su vez garantizar otros principios como el de la tutela judicial efectiva y celeridad,

más sin embargo por otro lado detractores argumentan una excesiva erogación de
valores económico.

Esta  asignación  de  unidades  y  funcionarios  se  rigen  a  estándares  estadísticos,
técnicos  y  según  las  necesidades,  más  sin  embargo  no  se  analiza  otros  factores y  se
alejan  del  conocimiento  y  la  praxis  que  los  juzgadores  puedan  tener  en  cuanto  a  la

169

aplicación fundamentada del derecho constitucional, lo que ha generado

incertidumbre y vulneración la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva
conforme lo expuesto en líneas precedentes.
La Corte Constitucional en sentencia No.2667-17-EP/21 refiere que el derecho a la

tutela  judicial  efectiva  se  fundamenta  en  tres  momentos;  el  primero  respecto  del
acceso  que  se  debe  tener  a  la  administración  de  justicia,  es  decir  que  a  ningún
ciudadano se lo debe privar del poder acudir a solicitar justicia, la segunda habla de la
correcta  observancia  del  debido  proceso  y  el  tercer  es  la  ejecución  de  la  decisión.

Aspectos que conducen a garantizar y precautelar los intereses de una persona

cuando esta recurre a los órganos de administración de justicia. (Acción
Extraordinaria de Protección, 2021), que se resguarda de mejor manera ante
magistrados idóneos con conocimiento y experticia, tanto para la sustanciación, como

para la emisión de decisiones que devenguen en una verdadera reparación integral.
Por lo que se enfatiza que la eficacia de los derechos “depende de decisiones

responsables del poder público, que tenga un desarrollo especializado sobre cada de
las causas que son puestas al conocimiento de la autoridad”. (Solano et al.,2023),

para  cumplir  con  una  de  las  finalidades  de  estas  garantías  como  es  la  reparación
integral con una mira al contexto material e inmaterial.
La  complejidad  en  el  tratamiento  de  los  derechos  consagrados  en  la  Constitución

demanda una observación tanto teórica como práctica, ya que la implementación de

un órgano jurisdiccional independiente, con jueces competentes en esta materia,
coadyuva a la protección de derechos fundamentales lo que justamente es el espíritu
de las garantías jurisdiccionales en el marco de la CRE y la LOGJyCC.
La respuesta a esta necesidad conforme lo puntualizado es la implementación de

salas especializadas o jueces expertos en materia constitucional para que las garantías
jurisdiccionales, tales como acción de protección, habeas corpus, acción de habeas
data, acción de acceso a la información que son de conocimiento de jueces de primera

y segunda instancia, no tenga un impacto negativo y deficiente en la calidad de
administra justicia y que de acuerdo a las políticas de justicia que establece el Art. 3

del COFJ se incorpore planes de desarrollo para la transformación y mejoramiento en
la administración de justicia y como tal a la Función Judicial, con la finalidad

principal que los magistrados puedan resolver con conocimiento causas particulares a
las que normalmente están facultados a resolver en Justicia Ordinaria.

170

Mediante esta asignación específica se propendería a una justicia más eficiente y

respetuosa  de  los  principios  y  derechos  constitucionales,  en  cuanto  a  las  decisiones
que  puedan  obtener  los  jueces,  toda  vez  que  en  la  praxis  la  justicia  ordinaria  y  la
constitucional,  al  tener  la  misma  asignación  de  funcionarios,  puede  conducir  a  una

fricción entre estas dos clases de justicia, siendo que con el ingreso vía sorteo judicial
de las causas, los jueces las conocen acorde a la materia de sus unidades
jurisdiccionales, sean estas familia, penal, civil, laboral y otras, más sin embargo al
todos compartir la categoría de jueces constitucionales, la atención de estas se vuelve

prioritario, relegando la sustanciación de derechos regulados en sede ordinaria. Con

ello  se  refleja  que  pese  a que  todos  los  derechos  son  de  igual  jerarquía  una  vez  son
sustanciados sea vía ordinaria o constitucional su atención será diversa.
Finalmente  se  puede  contemplar  que  una  justicia  especializada  es  la  aspiración  del

sistema judicial, lo que a su vez representaría en un beneficio directo para quienes
acuden en clamor de la administración de justicia para la protección de sus derechos.

Conclusiones

El Ecuador bajo el modelo de un estado constitucional de derechos y justicia,
mantiene un sistema político y legal que tiene como proyección la protección de los
derechos fundamentales, e implanta mecanismos que son identificados como

garantías jurisdiccionales, es así como se ratifica la existencia de una justicia diversa a

la  ordinaria  denominada  constitucional,  guiadas  ambas  para  su  administración  por
principios  jurídicos  vistos  como  criterios  de  optimización,  para  la  existencia  de una
justicia  de  calidad.  Para  este  objetivo  se  amerita  que  la  justicia,  destacando  la
constitucional, sea especializada, lo que conlleva a un sistema judicial que mantenga

organismos o unidades jurisdiccionales con magistrados y procedimientos específicos
para abordar una temática en concreto, lo que se traduce en el principio de
especialidad regulado en la normativa interna.

En el contexto ecuatoriano la sustanciación de las garantías jurisdiccionales se halla
fraccionadas entre los jueces de la Corte Constitucional como el máximo organismo

en administración de justicia constitucional a nivel nacional, de lo que se desprende
la idoneidad en la atención de estas causas, y por otra parte de los jueces integrantes

de la justicia ordinaria tanto de primera como de segunda instancia, se traduce que a
pesar de los mismos estar asignados a materias diversas como la civil, penal, niñez,
tránsito u otras, tras el sorteo de las acciones jurisdiccionales se transforman en

171

jueces constitucionales, lo que conlleva a que dada la cobertura de un área distinta no

se  obtenga  la  mayor  eficiencia  y  especialización  en  las  resoluciones  emitidas,
incidiendo por tanto con el principio de especialidad.
La  carencia  de  una  justicia  especializada  genera  varias  incidencias  en  la

administración de justicia que parte de la falta de una amplia experticia en el campo
específico de materia constitucional, donde se maneja una normativa propia y
procedimientos singulares, resaltando que las garantías jurisdiccionales poseen como
fin a más de la declaración de la vulneración de un derecho y la protección de estos, el

generar una reparación integral, idónea para cada caso en particular. Una justicia

especializada es estrictamente necesaria para la tutela judicial efectiva de los
derechos, particular que a su vez brindará una mayor confianza en el sistema judicial.

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