Asentamientos Humanos,
una dispersión espacial por
organizar en Manabí
Human Settlements, a spatial dispersion
to organize in Manabí.
Rolando Fabián Zambrano Andrade
Licenciado en Gestión Local (2009) y Magister
en Proyectos de Desarrollo Endógeno
Universidad Politécnica Salesiana. Investigador
independiente
https://orcid.org/0000-0001-9842-1628
fzambrano0404@yahoo.es
Resumen
Los asentamientos humanos actuales se han dado y
sostienen rasgos de la organización social originaria
producto de la proximidad, familiaridad y
relacionamiento de sus pobladores, mismos que
lograron dominio del contexto que espacialmente
configuro la comunalidad, elemento constitutivo de
las jurisdicciones internas de las provincias, cantones
y parroquias del Ecuador, desde las cuales se ejerce
cierto control mediante la gestión estatal, a pesar que
la estructuración de estas jurisdicciones se perciben
dispersas, fragmentadas sin que surtan efecto la
acción planificadora de la estatalidad, requiriendo un
sentido que encuentre lo jurisdiccional con la
poblacional que le de organización al asentamiento
humano, como a las actividades conexas o factores
que intervienen en el territorio; siendo importante,
este aspecto requiere revisar la formulación e
intervención estratégica, programática y operativa de
Imaginario Social
Entidad editora
Universidad de Guayaquil –
REDICME (reg-red-18-0061)
e-ISSN: 2737-6362
julio – diciembre 2021 Vol. 4-2-2021
http://revista-
imaginariosocial.com/index.php/es/index
Recepción: 01 de septiembre 2020
Aceptación: 24 de enero 2021
216-236
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la gestión competencial de la estatalidad local, no solo en lo regulatorio, sino en la
organización espacial. Esta organización, del propuesto ordenamiento habría que
verificar las implicaciones en el marco de la política pública en cuanto a las
satisfacciones básicas, y si además se perfila corregir desequilibrios, dispersiones o
aislamientos dados en la conformación poblacional-jurisdiccional de la provincia de
Manabí.
Palabras clave: Asentamientos Humanos, dispersión, fragmentación, aislamiento,
gestión, organización y ordenamiento territorial
Abstract
The current human settlements have been given and sustain features of the original
social organization product of the proximity, familiarity and relationship of its
inhabitants, who achieved mastery of the context that spatially configured the
community, a constitutive element of the internal jurisdictions of the provinces,
cantons and parishes of Ecuador, from which some control is exercised through state
management, despite the fact that the structuring of these jurisdictions is perceived as
dispersed, fragmented without the planning action of the state having effect, requiring
a sense that meets the jurisdictional with the population that gives organization to
human settlement, as well as to related activities or factors that intervene in the
territory; being important, this aspect requires reviewing the formulation and
strategic, programmatic and operational intervention of the local government's
competence management, not only in regulatory matters, but also in spatial
organization. This organization, of the proposed ordinance, would have to verify the
implications in the framework of public policy in terms of basic satisfactions, and if it
is also outlined to correct imbalances, dispersions or isolations given in the
population-jurisdictional conformation of the province of Manabí.
Keywords: Human settlements, dispersion, fragmentation, isolation, management,
organization and land planning.
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Introducción
El asiento poblacional humano de Manabí es producto de movilidades familiares que
se han establecido en espacios territoriales que perduran hasta la actualidad, esta
geografía humana tiene su huella en la constitución comunal, espacios fueron
constituyendo la jurisdicciones internas del Estado nacional; los iniciales
asentamientos espontáneos instalaron cierto desorden sin haber convenido en una
adecuada organización espacial planificada, más bien ha ido respondido a las
necesidades e intereses de la población iniciada en el perfil y posterior colonización
del continente provincial.
Siendo el asentamiento humano hace vínculos de familiaridad, y comunalidad, la cual
no está exenta de conflictos, donde se va dando la apropiación social del territorio,
donde este entra a un proceso de modificación a partir de las necesidades, intereses y
modelo que implante. El poblar, el asentarse en un lugar no significa una armonía, es
la expresión de disputas por la hegemonía de una forma particular de ejercer
legítimamente la soberanía sobre el territorio, es decir, de ejercer una acción de
dominio sobre el espacio de pertenencia”. (Rodríguez; 2010 p.195).
Con los intereses, disputas y también relacionamientos presentes en la instalación de
los asentamientos humanos en Manabí configuro una cierta comunalidad,
construcción de carácter socio-poblacional que ha buscado la cohesión social
estrechando relaciones de consanguinidad y afinidad, que en la línea de Tönnies (1979)
“es una unión forjada en la identidad consanguínea y en el establecimiento de fuertes
lazos afectivos, toda alabanza de la vida rural ha reparado en que la comunidad de sus
gentes es más fuerte y se mantiene más viva”. La vida comunitaria se desenvuelve en
el contacto permanente con la tierra, en el enclave de parentesco y con la guía de una
autoridad natural establecida por la tradición, que son las actuales prácticas culturales
productivas, alimenticias, y de relacionamiento poblacional.
El tránsito comunal a la jurisdicción estatal de Manabí, el territorio se constituyó en la
figura dibujada en el mapa, que reconocida mediante un estatuto lo hizo jurisdicción
en condición de: provincia, cantón o parroquia; este estatuto jurídico, de por si no hace
de un asentamiento poblacional la condición de espacialmente organizado, más bien
240
con este se evidenciaron intereses en disputa, hasta ahora no resueltos; a pesar de lo
afirmado sobreviven sentidos espaciales que han adoptado organicidad, arraigo,
identidad y pertenencia; es aquí donde a la estatalidad le hace falta que con sus
sentidos social y político logre encarnarse o tener existencia espacial, más aún
poblacional.
La estructuración jurisdiccional de Manabí parte de 1824 cuando alcanza nivel de
provincia como parte de la republica del Ecuador, heredera de la incipiente
colonización española, por ser más aborigen de sus pueblos localizados en el centro-
sur provincial de lo que hoy es Puerto López. Jipijapa, Montecristi, Manta, Jaramijó,
Portoviejo, Rocafuerte, Charapoto, hasta Tosagua. Este Manabí convertido en los
actuales 22 cantones y 55 parroquias rurales la composición no es uniforme, sino
asimétrica, producto de intereses políticos-cacicales, que ajustada a la línea de
Restrepo esta “geografía no es un marco físico dentro del cual acontece el
crecimiento económico, el empleo o el bienestar. La geografía es la materialización
de la expansión de las relaciones políticas, económicas y culturales entre los
hombres. En el espacio se organiza, se estructura y se reparte el poder y la
marginalidad. El poder siempre estructura el espacio” (2011); por lo que esta
configuración jurisdiccional responde a una organización capitalista del territorio
implementada con la infraestructura instalada, la actuación del Estado, y la
reconcentración de la espacialidad urbana, la que responde a la lógica económica y
estructural inducida por el Estado en el uso del territorio que amplía la reproducción
y acumulación del capital.
Con lo anotado, el territorio-jurisdicción, que para este trabajo es la provincia de
Manabí, espacio humano habitado y constitutivo del Estado, el cual no forma parte de
su patrimonio, sino que es un elemento integrante de su ser; este vínculo no es de
propiedad o dominio, ni siquiera inmanente, sino de poder y jurisdicción. Desde esta
perspectiva Kelsen (2002p. 232) concibe al territorio como "el ámbito de validez del
orden jurídico". Este territorio constituye el ámbito espacial del poder de imperio que
el Estado ejerce sobre los nacionales y extranjeros que lo habitan, además de la
esencial defensa nacional, y la sustancial explotación de los recursos naturales.
241
Este jurisdiccional de constitución estatal al no haber convenido una organización
interna uniforme, es por esto que todos los cantones no contienen en su interior
jurisdicciones parroquiales rurales, como: Jaramijó, Olmedo, Rocafuerte, Junín y
Jama; y las parroquias urbanas solo están conformadas en los cantones: Portoviejo
(9), Chone (2), El Carmen (2), Jipijapa (3), Manta (5), Montecristi (5), Santa Ana (2),
Sucre (2); esta distorsión se gestó por la indefinición normativa antes del COOTAD
(2010) referente a requerimientos mínimos para la conformación de una
jurisdicción interna.
Esto ha hecho la construcción desordenada del Estado nacional, que desde la
fundación de republica en 1830, ha ido conformando su malla interna de 24
provincias, 221 cantones y 823 parroquias hasta el 2020 sin mayores
condicionamientos que ha impedido consolidar espacialidades jurídico-territoriales
organizadas, las que alcancen niveles de cohesión, integración y de desarrollo en este
caso de la provincia de Manabí, que subsistiendo potencialidades: biofísicas,
económicas-productivas, socioculturales, de infraestructura y servicios, no son
suficientes.
Esta estatalidad jurisdiccional regida por los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GADs), instancias que trascendieron del cabildo colonial, convertidas en
municipalidades, siguen siendo deficientes en cuanto a su incidencia jurisdiccional,
restringida restrictivamente su accionar a las normativas jurídicas en lo político-
administrativo, entrecruzándose con fuertes debilidades para el cumplimiento de sus
competencias que hayan configurado estables asentamientos humanos, donde estos
son parte del conjunto de divisiones administrativas, con sus límites y territorios o
celdas, que proyectadas en el mapa, dibujan la imagen de una red con sus hilos y
mallas (Gondard, 2005p. 45), sin que determinen una armónica y equilibrada
provincia.
Aunque el asiento humano, siendo una competencia de la gestión estatal, esta debería
ser transversal a todos los niveles de gobierno, y vaya más allá de la edificabilidad como
negocio inmobiliario concentrado, para Manabí entre Manta y Portoviejo, requiriendo
la intervención de otros factores, que no sea solo el de la economía que logre cierto
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equilibrio territorial, y la obvia habitabilidad, que son las “condiciones que garantizan
la seguridad física de sus habitantes y les proporcionan un espacio habitable suficiente,
así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros
riesgos para la salud y peligros estructurales”. (ONU-Hábitat, 2018).
Con lo descrito, se hace necesario revisar la intervención institucional de los GADs,
porque estos no son producto de la necesidad de gestionar mejor el Estado en/para su
malla jurisdiccional de proximidad poblacional y respondan a la demanda y
satisfacción social, que, aunque han sido parte de la construcción del Estado-nación,
siguen disputando una mayor participación de la hacienda nacional para el solo
destino de sus déficits básicos.
Las unidades de análisis del presente trabajo son los conformados y estado situacional
de los asentamientos humanos de la provincia, cantones y parroquias. Es aquí donde
el territorio se explica y hace referencia a las relaciones humanas y los demás
elementos del mismo, desde el marco de la espacialidad (como poblamiento, patrones
de asentamiento y producción) y la movilidad, que los convierten en una síntesis
finalmente humana: valorada, representada, construida, apropiada, transformada
(Sosa, 2012p. 10).
Desde estos Asentamientos Humanos determinan cuánto constituye y corresponde a
hábitat y sus contextos: espacial, natural, infraestructural y de servicios con los que se
desenvuelve la población humana, además si constituyen elementos de identidad y
referencia como condiciones que estructuran el territorio. El asentamiento
poblacional contemporáneo de Manabí es simultáneo con el resto del país,
proponiendo superar y/o fortalecer los niveles no solo de estructuración, sino de
cohesión social; este descrito debe poner en debate que visibilice las debilidades de la
institucionalidad local, y si esta influye en la acción planificadora, o si sigue en la sola
formulación teórica, o si el Asentamiento se ajusta a la “adecuación del espacio para
utilización humana con carácter temporal o permanente y funcionalidad residencial o
transformadora”. (Zoido, 2000; 39).
En la actualidad una de las premisas simbólicas de modernización estatal es la de
ordenar el territorio, tomando en cuenta la compleja estructuración surgida con
243
sentido unitario en realidades fragmentadas (jurisdicciones locales), forzando adecuar
a los asentamientos humanos sus demandas a un modelo de funcionamiento estatal
que no logra integrarlos, ni representarlos, ya que no han traducido su funcionamiento
y estructura a la pluralidad del asentamiento humano provincial con pertinencia
territorial que eviten conflicto, disputa y polarización social.
El Ecuador y más Manabí no termina de reconocerse en su interior, desde su
diversidad territorial, que es donde radica su potencialidad; situación estructural que
aún no se corrige con fuerza sostenida en una lógica centralista, con hegemonía
uniforme y monoterritorial, en el que hay que probar si un ordenamiento territorial
adecuado y acordado modificaría sustancialmente las fragmentaciones, dispersiones,
y aislamientos, que siendo endebles, respondan a los intereses de los asentamientos
humanos como fuente integradora.
Esta división y/o fragmentación territorial del Ecuador ha sido y es una limitante en
todo su proceso histórico, los sentidos de convivencia, y pertenencia tuvieron una
práctica de encierro; esta práctica de construcción del espacio ha sido conflictiva,
porque han primado intereses locales; por lo tanto, no fue producto de espacios
cohesionados, que tuvieran la decisión de convenir una mejor organización territorial
y jurídico-política hasta ahora no resuelta (Gómez, 1983).
Lo expuesto debe ser examinado, tomando en cuenta el sentido de lo diverso como
elemento constitutivo del territorio, con sus asentamientos humanos que cobre
importancia como aspecto potente en la incidencia de la gestión estatal de la provincia
de Manabí, enfocada en clave política-territorial como espacio de desarrollo.
Materiales y métodos
Para acercarse a una realidad, a más de percibirla físicamente, esta debe ser investigada
y fundamentada, el presente trabajo se conduce metodológicamente por la revisión
documental, con el cual se rescate rasgos del asentamiento originario, pero
esencialmente aterrizado a la versión republicana desde 1830, hasta la actualidad,
tomando en cuenta las variadas versiones e interpretaciones se llegue a una
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aproximación que permite reflejar lo que ha acontecido en y con los asentamientos
humanos en la provincia de Manabí; por lo que siendo un territorio-jurisdicción
extenso, se recurre a este método que hace una especie de bisagra entre la visión general,
adentrándose a sus especificidades, para otra vez determinar más que la generalidad, la
integralidad territorial, donde su población tiene elementos comunes y diferenciados
en sus asentamientos urbanos y/o rurales; la revisión documental posibilita identificar
versiones pasadas y presentes con enfoques diversos, constituyendo el insumo que ha
hecho la base teórica, aunque las utilidades no necesariamente se han enfocado en la
variable territorial desde los asentamientos humanos, pero han sido valiosos
fragmentos que la sastrería a unido para darle sentido a la construcción de las
espacialidades de uso humano; con esta revisión documental se da cuenta pistas que
forman los productos espaciales establecidos hasta el presente, aunque esta temática ha
sido sutilmente abordada, se profundizan insumos que respondan a los procesos
estructuradores de los asentamientos humanos hasta en su situación conflictiva y/o
colaborativa en y entre estos; además si estos han configurado redes y/o
estratificaciones, incluso con las definiciones metodológicas diseñada y acuñada por la
lógica planificadora de la estatalidad en las celdas jurisdiccionales, sin dejar de lado los
mandatos normativos y/o intencionalidades políticas; con todos estos insumos se armó
la fundamentación, contrastada exploratoriamente con las diferentes complejidades del
proceso, reforzada con registros estadísticos en la construcción teórica.
La fundamentación teórica toma en cuenta el propuesto Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial provincial, que complementa el apartado de Análisis y
Resultados, pretendiendo poner en debate desde los sustentos conceptuales
trabajados en la región y de manera particular del Ecuador, y específicamente en el
escenario de la provincia de Manabí, que especifica y contextualiza la estructuración
jurídico-espacial de su asiento humano.
Resultados
El Estado como jurisdicción no es sinónimo de territorio, solo es una delimitación
jurisdiccional para regir el dominio político de un territorio, para hacerlo los
dispositivos institucionales son contundentes, que para la malla interna del Ecuador
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están los Gobiernos Autónomos Descentralizados regados por todo el territorio
nacional, volviéndose hasta imprescindibles, con estos la estatalidad ha llegado a la
cotidianidad socio territorial, haciéndose necesarios y arrogándose funciones
mediante obras y servicios públicos; es aquí donde el territorio se hace jurisdicción,
homogenizando el espacio, disolviendo las diferencias, unificando la diversidad y
simplificando la realidad (Pérez, 2016 p.10); que en nada se relaciona con organización
o democratización, sino con la imposición del dominio estatal mediante la elite
nacional-local.
La jurisdicción provincial de Manabí obtuvo su estatuto jurídico-político en 1824
(Núñez, 2000 p. 27), dotada de un extenso territorio (18.949 km2), homogénea en su
composición biofísica, y poblada por habitantes portadores de una cultura oral,
productiva y alimentaria común. Del asentamiento originario disperso, devinieron los
aglomerados centros poblados actuales ligados a actividades culturales de sus
contextos inmediatos.
El poblamiento de los asentamientos humanos del planeta tiene rasgos comunes en el
uso del territorio, control de la naturaleza y la supervivencia de la comunidad. Esta
forma o uso no es nueva, presente en las aldeas, para el acceso al agua, el uso
alternativo del suelo para vivienda, agricultura, pastoreo y disposición de residuos, etc.
A todo esto, el establecimiento de centros poblados se constituyó como uno de los
medios más efectivos para ejercer el poder sobre un territorio determinado
(Fernández, 2006).
Estos elementos referidos le han sido útiles en la colonización poblacional de Manabí,
la que parte de la ancestral asentada en el perfil costanero, extendida a la zona
continental-montañosa, completada hasta la década del 70 del s. XX con la segunda
reforma agraria; esta colonización marcadamente asimétrica forzó
contemporáneamente la conformación urbana concentrada prioritariamente en el
sureste provincial, espacio sobrecargado con las mayores actividades humanas
conexas, en cuanto a: habitabilidad, alimentación, producción, movilidad, etc.; que
hace de la provincia una prioritaria condición centrípeta urbana que divorcia al
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territorio jurisdiccional, y que evita sentidos de integración y cohesión poblacional y
espacial
La mencionada configuración urbano fue instalada con fuerza por el fraccionado
cantonalismo municipal de la provincia dado en cuatro etapas: 1. Antes de la
república: Portoviejo (1820), Montecristi (1822) y Jipijapa (1824); 2. Conformada la
república: Rocafuerte (1852), Sucre (1875), Santa Ana (1884) y Chone (1894); 3. En
siglo XX hasta la consolidación de la modernización estatal: Bolívar (1913), Manta
(1922), Paján (1945), Junín (1952), 24 de Mayo (1952) y El Carmen (1967); y 4. Los
últimos cantones con el retorno democrático de 1979: Tosagua (1984), Pichincha
(1986), Flavio Alfaro (1988), Pedernales (1992), Puerto López (1994), Olmedo
(1995), Jama (1998), Jaramijó (1998), y San Vicente (1999).
Este cantonalismo fue incentivado, la primera antes de la formación republicana
producto de la reagrupación de la población ancestral en espacios que cobraron
relevancia económica y política en la colonización, reagrupación que sirvió de soporte
para la conformación provincial en 1824; la segunda ya en la república, se debió a la
necesaria expansión de la frontera agroexportadora del cacao, y su consecuente salida
al mar de esta producción mediante la instalación de dos ramales ferroviarios (Chone-
Calceta-Tosagua-Bahía de Caráquez 1909-1966; y Santa Ana-Portoviejo-Montecristi-
Manta 1912-1946); la tercera etapa consolido la expansión agroexportadora, donde se
introduce el café y banano en el territorio provincial; y la última etapa está relacionada
con el imaginario de que subiendo de categoría política se resolverían los problemas
estructurales e infraestructurales de cabeceras parroquiales que cobraron importancia
poblacional, y de estar ubicadas estratégicamente en los principales corredores viales,
convirtiéndose en centros de expansión productiva, hasta con atractivos turísticos.
Con las condiciones anotadas se conformaron los centros urbanos, que en algo han
seguido el diseño reticular de calles y manzanas proveniente de la cultura Harappa de
la zona del valle del río Indo en Asia (2.600 A.C. al 300 A.C). Este diseño permite
definir la fundacional técnica de zonificación territorial (Morris, 1972) asimilados en
la tradición romana y transmitida con la colonización a América Latina. Desde esta
trasmisión a los asentamientos humanos se le dio funcionalidad en el uso del espacio
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a nivel local a esta forma de relación entre ciudad, Estado y ciudadanía, conformando
centros políticos funcionales y áreas de reunión o concentración popular
(Chueca,1974), matizados en los ancestrales asentamientos humanos americanos, en
los cuales se preocupaban por el escenario en comunidad de cohesión e integración;
mixturas que se han ido degradando y dispersando teniendo en la actualidad un
desorden estructural.
La reticularidad figuraba una red que parte del centro público (parque -plaza),
custodiada por el Cabildo (Municipio) y la Iglesia; este sentido se ha distorsionado en
la orientación del trazado de calles y manzanas que ya no se corresponden simétrica y
equidistantemente con el centro fundacional, debido a la autoconstrucción
habitacional atravesada con altos riesgos presentes en: Portoviejo, Chone, Calceta,
Tosagua y Manta, donde la masiva periferia urbana sigue desconectada de los servicios
públicos y de las esenciales actividades económicas que se desarrollan.
Esta estructuración espacial de los asentamientos ha cumplido funciones de
proveedora de recursos productivos destinados para el abastecimiento,
comercialización y agro-exportación, instalados en el curso de los ríos para la
transportación fluvial hasta el mar, y abastecimiento de agua para consumo humano
y uso productivo, dotando de servicios funcionales a los centros poblados, presencia
de sol y ventilación aptos de habitar.
Es por esto que la acción planificadora no es reciente, por lo que sigue asociado a
materias como: la relación urbano–rural; la planificación de cuencas hidrográficas, la
gestión de riesgos, y aspectos físicos, como la infraestructura y localización de las
actividades, zonificaciones, entre otros. (Sandoval, 2014 p. 20). El patrón actual de la
distribución territorial de la población no surge de las potencialidades y ventajas
naturales de cada espacio, sino de un conjunto complejo de decisiones que han dotado
de riqueza material, social y cultural a cada territorio. (CEPAL, 2012 p. 23).
Por lo manifestado lo urbano en Manabí se reconfiguro con la importancia de la
economía y producción desarrollada en sus contextos inmediatos condicionando a la
dotación de infraestructura y servicios, como la Presa Poza Honda (1969), y su sistema
de riego, la industrialización de Manta (1965), puerto, aeropuerto y destino turístico;
248
Portoviejo como esencial capital burocrática y universitaria; y el resto de centros
urbano históricos y recientes con servicios instalados que han aventajado a sus
contextos rurales. A estos les fue diseñado planes maestros sanitarios (agua y
alcantarillado), aunque fueron concebidos de manera separada y sin correspondencia
entre las coberturas de agua potable y alcantarillado sanitario; la vialidad urbana,
peatonización, espacios de uso público, para la administración pública y hasta para la
religiosidad; lo anterior motivo el cambio de la matriz de producción del
autoconsumo, a la mercantilización, haciendo necesario incorporar servicios sociales
en educación (primaria, secundaria y universitaria), en salud con la visión biomédica-
hospitalaria; de intercambio producción-consumo que hizo necesario el inicial
servicio financiero del Banco de Fomento (1962); toda esta configuración respondió a
la postulada organización capitalista predominando lo económico inducido por el
Estado en el uso del territorio que amplío la reproducción y acumulación del capital.
Esta capitalista configuración consolido la expansión y dominio territorial ejercida
desde el centro, hacia la periferia formando varios círculos, el que circunda al centro
de dominio, que es la periferia urbana, en la que se ha localizado las masivas pobrezas
y carencias de mayoría poblacional campesina; el inmenso circulo lejano rural, el que
sobrepasa el 90% de necesidades básicas insatisfechas al 2010 (INEC), que pareciera
en este espacio se congelo el tiempo, donde no se prevén políticas que modifiquen este
estado situacional.
Toda esta desintegración, para nada armo redes que asignara roles jerarquizados, o
estratificados, solo se han tejido relaciones espontaneas por cercanías vecindarios.
Con todo esto lo que se reprodujo el estatal centralismo como factor dominante desde
el nivel central de la capital estatal hacia las capitales provinciales, de estas últimas
hacia sus cabeceras cantonales, cascada que llega a los centros parroquiales, y de estos
hacia su último eslabón que es toda la dispersa comunalidad rural. Fragmentando y
desarticulando sus partes jurisdiccionales-comunales implantada con/por la
incipiente planificación centralizada desarrollista desde 1950 que conformo el
bicefalismo provincial Portoviejo-Manta como centro de dominación político-
territorial.
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El bicefalismo en mención centralizo lo económico-productivo en Manta, que se ajustó
a ser un enclave, entidad político-administrativa cantonal, parte constitutiva de la
provincia de Manabí, a pesar de esto está por fuera de la lógica del desarrollo
provincial, planteándose proyectos emblemáticos p. puerto-aeropuerto; petroquímica
Eloy Alfaro; eje multimodal Manta-Manaos; ampliación del límite urbano de Manta,
nuevo acueducto (Presa La Esperanza-Manta), completado con la declaratoria de Zona
Especial de Desarrollo Económico que potencie el factor industrial, y otros servicios
logísticos o tecnológicos dotado de inversiones e incentivos.
A pesar de la reconfiguración espacial, esta no ha resuelto aun los déficits de
infraestructura y servicios, solo aventajado por Manta y Portoviejo que los diferencia
de los otros 20 cantones con asimetrías en lo: poblacional, satisfacciones básicas,
variables productivas, dominación política; estos dos primeros representan el 54,92%
de la población urbana provincial, superando a los otros 20 centros urbanos
cantonales unidos, los que van desde los 70.000, hasta menos de 5.000 habitantes
(INEC, 2010). Esta asimetría ha provocado un preocupante desequilibrio poblacional,
debido a que no ha sido convenida mediante la conformación de una red de centros
urbanos que corrija la dispersión como contribución al desarrollo territorial de sus
jurisdicciones y de la provincia; aspecto crucial evidenciado en los preocupantes
acontecimientos naturales del terremoto del 2016 (abril16) como de la prolongada
pandemia planetaria (COVID19/2020), situación propicia que resignifica a los
pequeños centros urbanos rurales, debido a que estos pueden/deben tener una mayor
capacidad de resiliencia y del esencial autoabastecimiento alimenticio que disminuya
movilidad.
De la evidente asimétrica entre los pares urbanos, esta aun es más severa entre lo
urbano y rural provincial mediante la pertinente caracterización de “Morse, útil de este
esquema urbano al establecer el contraste entre la naturaleza centrípeta del poblado
europeo, que concentraba y organizaba el comercio de una región, y el carácter
centrífugo del Latinoamericano, que tenía la función de controlar y administrar
recursos que radicaban en el campo". (Roberts, 1980 p. 60), lo definido hace de
Manabí la marcada separación urbana-rural por brechas sociales, y las obvias
250
espaciales que vive para sí mismo, alimentado por los recursos que genera su periferia
rural.
Este enfoque vigente no ha sido modificado por y con la débil intervención de la
gobernanza local, ausente hasta de la agenda de Hábitat III celebrada el 2016 en
Ecuador, que, aunque sean evidentes las relaciones e interacciones «campo-ciudad»
no forman parte aún de abordajes integrales por la inexistencia de una política pública
estatal. A pesar del evidente lazo entre urbanismo y desarrollo económico, siendo
estrecho, ya que la urbanización es sin lugar a dudas una consecuencia de la búsqueda
imperativa del desarrollo económico como factor eficaz de combate contra la pobreza
(Polese y Sheamur, 2009); porque los pequeños centros poblados, hasta las ciudades
intermedias han absorbido la migración rural-urbana y como tal contenedoras de la
movilidad rural-campesina que sigue sosteniendo lo agro-productivo en pequeña y
mediana escala; a pesar de lo señalado no le alcanza en adoptar formas que habite la
ciudad debido a sus déficits básicos, como del ausente ejercicio de ciudadanía urbana.
El crecimiento poblacional urbano provincial es reciente generado con la primera
reforma agraria de 1964, sin que haya mediado una adecuada planificación
institucional que organizara la necesaria dotación en suelo y/o programas
habitacionales, forzando incrementar espacios físicos inadecuados de arrendamientos
precarizando y densificó la habitabilidad, instalando viviendas sin servicios que
estructuro el desorden y la marginalidad urbana.
Esta movilidad rural tampoco fue integrada por la gobernanza local, ni acogida por la
población urbana originaria, situación que inicialmente provoco un cierto choque
“civilizatorio” entre visiones urbana-rural, que perteneciendo a la misma jurisdicción
no las hacia coincidentes, instalándose hasta la actualidad una urbanización
agrarizada, que cotidianamente fue ajustando ciertos espacios de relacionamiento en
el barrio, trabajo, y escuela, configurando marginalidades sin vínculos urbanos
integrales. (Zambrano, 2012 p. 182).
Con esta estructuración precarizada y marginalizada en los aglomerados
asentamientos urbanos se ha pretendido en la denominada modernización, sin haber
resuelto los problemas infra y estructurales de atraso, pobreza y hasta democracia,
251
conformar la supremacía espacial, suponiendo que en estos residen unos recursos y
servicios superiores a lo rural, potencialmente más poderosos, por la diversidad de
habilidades y medios con que cuenta, como a las posibilidades de aprendizaje y de
inventiva alcanzado, la existencia de redes de cooperación y de movilización social
logrado (Ibidem, 96).
A pesar de la supremacía urbana, estos están conformados por variadas y asimétricas
escalas que no les da rumbo y patrón espacial que los identifique como relevante, solo
definidos en Manta y Portoviejo que cumplen funciones: residenciales, laborales,
industriales, puerto, aeropuerto, destino turístico, servicios públicos y privados;
quedando los otros 20 centros urbanos con el común residencial, informalidad laboral
y precarios servicios, centrados más en el intercambio productivo-comercial, con
fuertes debilidades de interconexión, desarrollo cultural y de habitabilidad. Lo dicho
es evidenciado en el primer reporte del Índice de Prosperidad Urbana (CPI) realizado
a 27 ciudades ecuatorianas del que son parte las tres principales de Manabí,
ubicándose en orden de importancia: Manta con 55,4; Portoviejo con 53,5; y Chone
52,5 puntos sobre 100, determinándolas con prosperidad moderadamente débil, pero
superior a los otros 19 pequeños centros urbanos-rurales. (ONU-Hábitat, 2016).
Este dominio urbano sobre el rural de Manabí, ha repercutido a los contextos biofísico
y económicos de la provincia; debido a que en el urbano se edificó una mixtura de
densificación vertical, con alargamiento horizontal, esta último marginalizo a la mayor
parte de la población convive con altas brechas sociales y espaciales, y son el 25,5%
que padece de los déficits de Servicios Básicos Residenciales (ECV, 2016).
A lo que hay que añadirle la sobreposición de cantones con ventajas económica-
productivas a los de mayoría con economías domésticas y primarias cuyos índices per
cápita oscilan entre los primeros: Jaramijó-Junín-Manta-Montecristi que bordean los
7 mil USD, en desmedro de los 1.200 USD de 24 de mayo y Jama (BCE, 2018).
Las asimetrías mostradas son las contribuyentes del despoblamiento rural y de
cantones con economías primarias-domésticas, espacios donde se localiza la pobreza
como la reportada al segundo trimestre de 2019 que los ubica en el 43,8%, mientras
252
que la urbana es del 16,8%, cuantificando una brecha de 2,6 veces mayor la
urbana sobre la rural (INEC, 2019).
Todo esto se sobrepone al supeditado disperso y múltiple asentamiento rural, mismo
que carece de estructuración espacial para la habitabilidad, conformando la desigual
finquería, como de aglomerados pequeños poblados dotados de mínimos servicios
comunitarios, próximos a los 55 centros parroquiales; esta múltiple ruralidad está
sembrada en el curso de las pequeñas cuencas hidrográficas y de los longitudinales
corredores viales de primer, segundo o tercer orden; colonización incentivada en el
copamiento territorial del en formación Estado nacional, ocupando regiones o zonas
despobladas como mecanismo de control socio-territorial, la cual se cerró con la
segunda reforma agraria (1973) en el norte de Manabí mediante la entrega de tierras
gratis legalizadas, donde la provincia se la ubicó en la categoría de subespacio, porque
contenía una alta reserva de bosque primario, los que fueron incorporados no solo al
poblamiento humano, sino a la dinámica económica agroexportadora del país, y
orientado al mercado interno (Deller, 1983).
A pesar de la categorización anterior, de manera inmediata los dispersos
asentamientos rurales se fueron despoblando, marcando un mayor aislamiento que
subsiste. Es este despoblamiento que repotencio a los centros urbanos, que a 1990 solo
el 41,97% vivían en estos, pero en el 2010 pasaron a ser el dominante 56,38% de la
población provincial (INEC). Este despoblamiento rural representa el 29% de la
población migrante del país, de los cuales el 93% se ha desplazado a otros lugares del
país, y el otro 7% ha viajado al exterior. La tasa de crecimiento anual rural ha sido solo
del 0,9% en el período 2001-2015, muy por debajo del reemplazo vegetativo; esta
situación se experimentó en el 28% de las parroquias rurales del país, de las cuales 18
son de Manabí (Idrovo, 2016 p. 40). El déficit en Necesidades Básicas Insatisfechas de
la totalidad de las 55 parroquias rurales de Manabí sobrepasa el 95% al 2010, con una
pequeña reducción en lo residencial ubicándose en el 84,65%. (ECV, 2016 y 2014), y
la global de NBI se redujo al 76%. (INEC, 2015).
El mencionado despoblamiento rural no ha sido homogéneo, el más severo está en la
franja este provincial en los cantones: El Carmen, Flavio Alfaro, Chone, Pichincha,
253
Bolívar, Santa Ana, 24 de Mayo, Olmedo, Jipijapa y Pajan; en los espacios intermedios
entre los dos corredores viales de la E38 (El Carmen-Manta) y la ruta del Spondylus,
y la zona que conforma el bosque seco de los cantones: Montecristi y Jipijapa con el
Parque Machalilla de Puerto López, extendido al perfil costanero entre Jaramijó y el
estuario del río Chone; esto es producto de la frágil fertilidad de los suelos, espacios de
conservación, y la condición orográfica que conforma la cordillera este, espacio
biofísico de las nacientes cuencas altas del sistema hidrográfico provincial.
Este despoblamiento, no necesariamente es abandono territorial, ya que lo rural sigue
siendo sinónimo de vida desde el enfoque biofísico, en el que nace y se sostiene el agua,
los bosques, el control climático, y obviamente parte de la alimentación; es por esto
que rural ya no es una opción de vida para su población asentada, donde esta se ha ido
desagrarizando, debido a que la agricultura ya no es el motor de la economía nacional,
peor global, localizándose el subdesarrollo y atraso, sin tener opciones de mejorar su
condición de vida con el mantenimiento de su producción, aunque “el proceso de
modernización de la agricultura no conllevó a la desaparición de las unidades de
producción de los campesinos pobres, no por su arraigo cultural a la tierra, sino por la
inexistencia de alternativas de trabajo asalariado y de políticas públicas que les
aseguren la posibilidad de abandonar la actividad agrícola.” (Grammont, 2004 p. 284).
Actividad agrícola centrada en el enfoque productivo-rentista, dominada por
monocultivos que despojo lo diversificado, destinado al mercado interno, intercambio
y autoconsumo familiar, la que utiliza como insumos los agro-tóxicos que apuntan a
obtener “rendimientos óptimos”, presionando a la agricultura en la dirección
equivocada con el supuesto enfoque que mejora la productividad, pero esta ha ido
disminuyendo paulatinamente dejando de ser rentable, haciendo del contexto
biofísico vulnerable, sin capacidad de autoregulación para controlar o contribuir al
detenimiento de virus de todo tipo, obligando a cambios drásticos del uso del suelo
como a la abandona acuacultura de agua dulce.
En la ruralidad se concentran los productores en pequeña escala, y con su limitada
posibilidad de tecnificar su producción por falta de capital y capacitación, que pone en
peligro el desarrollo de aquellos agricultores que no puedan adquirir las habilidades
254
empresariales para dar un giro tecnológico a sus sistemas de producción y a crecer sus
predios. En su defecto, se verán obligados a cambiar la agricultura por la provisión de
mano de obra no agrícola (Akram-Lodhi, 2008).
Del total de personas aptas para trabajar en el Ecuador al 2001, el 39% viven en el
sector rural, y en Manabí se ocupaban el 68,16% en la agricultura; al 2010 reporta que
este sector se redujo al 58,11%, seguido del comercio con el 5,5% y la industria el
4,08%; esta situación se refleja en el PIB provincial, donde la agricultura solo
representa el 10,53% (Banco Central, 2018), periodo donde creció el empleo rural no
agrícola en un 14%. Las actividades rurales no agrícolas que han ocupado población
apta para trabajar es la construcción, creciendo en un 63%, los servicios de
alojamiento/comida otro 60% y el empleo público en 54%. A pesar del decrecimiento
del empleo agrícola, este sigue ocupando al 64% de la población rural. (Idrovo, 2016).
A la par de lo analizado, otra situación estructural de lo rural son los aislamientos
sociales, mismo que siguen debilitando la cohesión que potencialice lo comunal, ya
que este aislamiento esta dado debido a que la vivienda familiar se edifica al interior
de la finca, relacionando externamente solo con la intermediación mercantil, por lo
que estos factores no contribuyen hacer red intra e inter/comunitario; además este
tipo de asentamiento poblacional rural es muy propicio para la dominación política
tradicional.
El mar es un esencial componente constitutivo y estructurador de la provincia con sus
10 cantones: Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre, Portoviejo, Jaramijó, Manta,
Montecristi, Jipijapa y Puerto López; estos albergan destinos turísticos emblemáticos,
como: Cojimíes, Canoa, San Vicente, Bahía de Caráquez, San Clemente, San Jacinto,
Crucita, Santa Marianita, San Mateo, Puerto Cayo y Ayampe, esta condición hace de
Manabí una economía pesquera-turística.
Todos los condicionantes descrito estructuran los asentamientos humanos en la
provincia de Manabí, sin haber seguido un patrón de espacialidad homogéneo, ni
mínimamente modelado por la estatalidad, que la hacen asimétricas partes
jurisdiccionales, en lo urbano y rural; caracterización que ratifica que “la geografía no
es un marco físico dentro del cual acontece el crecimiento económico, el empleo o el
255
bienestar. La geografía es la materialización de la expansión de las relaciones políticas,
económicas y culturales entre los hombres. En el espacio se organiza, se estructura y
se reparte el poder y la marginalidad. El poder siempre estructura el espacio”
(Restrepo, 2011 p. 352).
La intencionalidad deliberada debe tender a corregir las asimetrías, exclusiones y
aislamientos, que poniéndolo en perspectiva, se debe adoptar la planificación con
ordenación del territorio acordado entre la estatalidad provincial con sus 22 cantones
y 55 parroquias rurales que incidan organizar el asentamiento humano y
jurisdiccional, puesto, “que en el marco del desarrollo está de vuelta, con renovada
fuerza y complejos desafíos" (CEPAL, 2012a), donde, “el territorio es entendido como
un sistema de interacciones sociales históricamente estructuradas y en constante
evolución, que adquiere relevancia y un rol vital para comprender los procesos
concretos en que intervienen los nuevos factores del desarrollo” (CEPAL, 2010).
Donde a los Asentamientos Humanos se los debe resignificar en los inscritos modelos
deseados de territorio en lo provincial, cantonal y parroquial integralmente mediante
una visión de desarrollo territorial como proyecto de provincia, superando el
aislamiento, separación y fragmentación de 1 celda provincial en disputa con 22
cantonales, sobrepuestas y subordinadas a 55 celdas parroquiales rurales; para hacerlo
se requiere un nivel superior de acuerdo y articulación que corrija los límites que
subsisten.
Revalorizando una fortalecida y acordada ciudad intermedia provincial en dos niveles,
el primero conformado por Portoviejo y Manta, y un segundo nivel compuesto por:
Chone, Bahía de Caráquez, El Carmen y Jipijapa, sostenido por una red de centros
urbanos menores, como: Montecristi, Rocafuerte, Santa Ana, Calceta, Tosagua,
Pedernales, y Pajan, sin dejar de lado los eslabones urbanos menores: Junín, Puerto
López, San Vicente, 24 de mayo, Jama, Flavio Alfaro, Pichincha, Jaramijó y Olmedo.
Para que deje de tener peso la división y/o fragmentación jurisdiccional del Ecuador
como limitante en todo el proceso histórico, donde los sentidos de convivencia, y
pertenencia tuvieron una práctica de encierro; esta práctica de construcción del
espacio por lo tanto fue conflictiva, en la que primaron intereses locales; por lo tanto,
256
no fue producto de espacios cohesionados, que tuvieran la decisión de convenir una
mejor organización (Gómez, 1983), hasta ahora no resuelta, más aún en Manabí.
Lo mencionado tiene una marca en las brechas urbano-rural, debido que lo urbano
supone tener unos recursos y servicios superiores a lo rural, elementos que se
entrecruzan y se articulan por la proximidad del espacio urbano priorizado, que no
significa que en la realidad sea una fortaleza de capacidades desarrolladas en la
provincia, más bien habría que asumirla en la visión planificadora concordante del
territorio en los tres niveles: provincial, municipal y parroquial. (Zambrano, 2012 p.
99).
Los déficits y brechas mostradas en bienes básicos públicos, los cuales no vislumbran
que se superen en el corto o mediano plazo, pudiendo hasta mantenerse, hasta con
pretensiones de ser reapropiados por enfoques privatizadores justificando eficientar
el Estado, disfrazando mecanismos de pagos por “servicios prestados”, en : agua,
clima, suelo, educación, salud, justicia, transporte, vías, viviendas, esparcimiento,
descanso, ambiente, alimentación, vestido, que lamentablemente sin excepción alguna
están mediados por el capital, de los que no se recibe la proporcional devolución en
calidad. (Harvey, 2013 p. 133).
Más aún que las competencias asignadas para los tres niveles de gobierno local, se
cumplen con dificultades, más aún las exclusivas que contienen a las deficitarias NBI,
infraestructura e instalación de servicios sociales, productivos y ambientales, las
cuales adolecen de democráticas administraciones, o compatibles con la Estrategia
Territorial Nacional (ETN. PNBV, 2017); como con la Agenda 2030 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (Objetivo 11).
Las distorsiones identificadas hacen insostenible los asentamientos humanos (urbano
y rural) provincial, en los que se reproduce materialmente la pobreza, contribuyente a
la migración poblacional, ya que no se ha desarrollado capacidad de retención
demográfica vegetativa, acentuados por vulnerabilidad sísmica, y hasta pandemias,
requiriendo readecuar mecanismos de resiliencia del asiento humano.
257
Como corolario en el presente trabajo se demuestra que en y para la provincia de
Manabí no existe un territorio en sí, existiendo un territorio para alguien que puede
ser un actor social individual o colectivo, influido desde la planeación y el
ordenamiento territorial, hasta el decoro del hogar o el acceso a los recursos” (Nates
2011 p. 211-212); que en la línea de las correcciones el énfasis no solo debe ser técnico,
sino esencialmente organizativo acorde con las ETN, y el ordenamiento territorial sea
aplicable en el corto, mediano y largo plazo, donde el ordenamiento físico sea el punto
de partida, el que se intercepte con los recursos naturales, la infraestructura, el
desarrollo espacial, las actividades económicas, los grandes equipamientos, la
protección y la conservación del patrimonio natural y cultural (SENPLADES, 2017).
Que se cumpla la pretensión de las ETN, y consolide una red policéntrica, equilibrada
y complementaria de asentamientos humanos según la capacidad de acogida del
territorio, una adecuada y sostenible utilización de los recursos endógenos; que
articule el aprovechamiento de los recursos rurales, y promueva la reducción de
brechas y la transformación de la matriz productiva. (SENPLADES, 2015), donde el
ordenamiento territorial cree la oportunidad no solo del espacio físico, sino de la vida
humana en las jurisdicciones, además las condiciones de tener un territorio
equilibrado entre lo urbano y rural en el uso de los recursos y desarrollo de sus
potencialidades.
Es aquí donde las ETN hacen útil la herramienta del ordenamiento territorial para las
jurisdicciones internas que se relacionen entre estas y con el Plan Nacional, donde los
asentamientos humanos debe ser el componente que integre y articule los Planes de
Ordenación Territorial para provincias, cantones y parroquias; ya que el estado
situacional de estos aún son un proceso incipiente, y un ejercicio “desde arriba hacia
abajo”, debido a que la territorialización de las ETN, y la participación de los diferentes
actores en la definición de metas y lineamientos es muy baja. El desafío es que la
construcción-proceso de las ETN debe ser permanente y realizarse con los diversos
actores, y se constituya en la base para las políticas de largo plazo. Además, el hecho
de que los distintos sectores no estén obligados a articularse en torno a las ETN
redunda en la fragmentación de la gestión al margen de las ETN, que es
contraproducente para un rumbo acordado territorialmente, que requiere fortalecer la
258
gobernanza local-territorial, empatando en la conformación del gobierno estatal-
territorial (Ejecutivo con los representantes de los diversos niveles de gobiernos
autónomos descentralizados), diluyéndose los conflictos no solo por atención, sino de
una mayor justicia y democracia territorial con sentido policéntrico. (CEPAL-ILPES,
2015 p. 22-23). Lo anterior es el insumo sustancial para que se cumpla el principio
constitucional que el Ecuador se gobierna descentralizadamente (Art. 1), y se haga
efectivo el titulo quinto de la Constitución en la concerniente y adecuada Organización
Territorial del Estado (Arts. 238-274).
Por lo anotado a los centros urbanos de la provincia se las debe integrar redefiniendo
nuevos roles, articulado a una red que logre la plena habitabilidad, centros del
comercio, industria, investigación, ciencia y tecnología, administración de servicios y
cultura, que promueva el desarrollo y equilibrio regional con democracia territorial,
que supere el límite de ver al territorio, más aun el rural desde la visión urbana,
imprimiendo una visión integral, desde las categorías de ordenamiento territorial, las
que se constituyan en zonas de vida territorialmente integradas; por lo que la
competencia de los asentamientos humanos debe ser concurrente para todos los
niveles de gobierno territorial (provincial, municipal y parroquial). Lo abordado
comprueba que el remedo capitalista a la ecuatoriana no ha funcionado, más aún en
una provincia precapitalista como Manabí, por lo que seguir priorizando la línea del
modelo de urbanización exógena, como de una ruralidad pobremente rentista ya no es
viable, sino en pensar adoptar y adaptar una combinación campo-ciudad como zona y
comunidad de vida, instalando una conurbación entre los 22 centros cantonales, con
los 55 centros parroquiales integradamente.
Además, seguir articulada la frontera provincial con el potente Guayaquil,
ampliándose reforzadamente con los intermedios Santo Domingo, y Quevedo a través
de la conexión de El Carmen, Pichincha y Santa Ana.
Asumiendo la resiliencia como una alternativa valedera por amenazas sísmicas, como
la vulnerabilidad a las pandemias, propendiendo como política fuerte equilibrar la
población entre los existentes centros urbanos cantonales y parroquiales de la
provincia, y al interior de estos emprender con fuerza a compactar una mayor
259
densificación, poniendo énfasis en organizar acordadamente entre gobernanza-
población la tan ansiada equidad socio territorial, disminuyendo las brechas y por
ende desigualdades en la misma espacialidad urbana centradas en infraestructura,
servicios; y con el disperso y aislado asentamiento rural, este debe propender a
reagruparse en un modelo de comunalidad que favorezca dotarse de habitabilidad, sin
desligarse de la unidad de producción, siendo este una condicionalidad de y con la
gobernanza para la dotación de bienes básicos.
Discusión
Manabí es una provincia con extenso territorio continental y marítimo que contiene
elementos comunes que la transversaliza, pero a la vez la diferencia en lo biofísico,
jurisdiccional y en sus asentamientos poblacionales, con esos comunes y diferencias
se ha estructurado una espacialidad dispersa y aislada se han constituidos los 22
cantones y 55 parroquias rurales, desde esta realidad es inexistente un sentido
provincial integrado.
Haciendo necesario acordar un proyecto de provincia que integre las fracciones,
dispersiones y aislamientos de cantones, parroquias y comunalidad rural, entidades
dispersas y asilados para superar fronteras y brechas socioterritoriales encontrando el
rumbo históricamente deseado. Los procesos de organización político, territorial y
poblacional siendo débiles, deben fortalecerse, para hacer de Manabí un proyecto de
provincia acordadamente integrado.
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