Notificación electrónica del servicio de
rentas internas frente al derecho
a la defensa del contribuyente

Electronic notification from the internal revenue
service on the taxpayer’s ringht of defense.

Steven Joaquín Pérez Mayorga
Estudiante de la Universidad Tecnológica Indoamérica

Erika Cristina García Erazo
Magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario,
Especialización Superior en Tributación. Abogada litigante.
Universidad Tecnológica Indoamérica
erikagarcia@uti.edu.ec

https://orcid.org/0000-0002-8546-3594

Resumen

En este artículo busca analizar la notificación electrónica
practicada por el Servicio de Rentas Internas a través del

buzón del contribuyente y su relación con el derecho a la
defensa

los

contribuyentes

los

distintos

procedimientos administrativos. Se consideran factores
como la accesibilidad y comprensión de las notificaciones, y

se exploran las implicaciones legales y constitucionales de
esta práctica en relación con los derechos del contribuyente
que han ido en aumento actualmente. El estudio se basa en

una revisión detallada de la evolución histórica del tanto del

derecho a la defensa  como de la notificación y lo comparan
directamente  con  la  vigencia  tecnológica  como  elemento
esencial  de  una  administración  eficiente.  Este  estudio
proporciona  un  enfoque  cualitativo  a  través  de  la  revisión

bibliográfica tanto de doctrina como de legislación con el fin
de contribuir con un análisis crítico sobre las ventajas y
desventajas de esta figura.

Imaginario Social

Entidad editora
REDICME (reg-red-18-0061)

e-ISSN: 2737-6362

julio- diciembre Vol. 7-3-2024

http://revista-
imaginariosocial.com/index.php/es/inde

x

Recepción: 9 de febrero de 2024

Aceptación: 9 de marzo de 2024

365-389

366

Palabras Clave: Derecho a la defensa; debido proceso; notificación electrónica;
eficiencia; responsabilidad estatal

Abstract

In this article, the electronic notification carried out by the Internal Revenue Service

through the taxpayer's mailbox is analyzed, focusing on its relationship with the right
to defense of taxpayers in various administrative procedures. Factors such as

accessibility and understanding of notifications are considered, exploring the legal
and constitutional implications of this practice in light of the increasing rights of

taxpayers. The study is based on a detailed review of the historical evolution of both
the right to defense and notification, directly comparing them with technological
relevance as an essential element of efficient administration. This research adopts a

qualitative approach through a comprehensive review of both doctrine and

legislation, aiming to contribute to a critical analysis of the advantages and
disadvantages of this mechanism.

Key Words: Right to defense; due process; electronic notification; efficiency; state
responsibility.

Introducción

En Ecuador, la entidad encargada de la administración tributaria es el Servicio de
Rentas Internas SRI, que juega un papel fundamental en la economía del país y en su
sistema de impuestos. Como organismo autónomo del Estado, el SRI tiene la tarea de

manejar tanto los impuestos internos como los aduaneros, con el fin de garantizar la
equidad en el pago de impuestos y promover el cumplimiento de las obligaciones
fiscales.

El SRI fue creado con la intención de luchar contra la evasión de impuestos y mejorar
las prácticas fiscales. Desde su fundación, ha estado trabajando de manera constante

en la mejora de los procesos fiscales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias. Adicionalmente, lleva a cabo investigaciones que pueden

proporcionar la base para posibles reformas en la legislación fiscal.

367

En el marco de los procedimientos llevados a cabo por la Administración tributaria, la

notificación al buzón del contribuyente destaca como un paso implementado por el
SRI para mejorar la comunicación con los contribuyentes. Este procedimiento se

realiza en línea a través del portal web del Servicio de Rentas Internas, permitiendo a
los contribuyentes acceder electrónicamente y revisar las notificaciones emitidas por

la entidad.

Aunque este método de notificación busca mejorar la eficiencia en la comunicación
entre el Servicio de Rentas Internas y los contribuyentes, ha surgido la preocupación

de si respeta el derecho a la defensa de estos, ya que, existen varias implicaciones

legales, jurídicas y dogmáticas que se busca analizar en el presente trabajo con el fin
de determinar si hay o no una vulneración de un derecho tan importante como el de
la defensa, que es constitutivo del debido proceso.

El eje central del artículo es la notificación electrónica del Servicio de Rentas Internas

en procedimientos de determinación, sanción, resolución u otros que se manejan en
la esfera administrativa, ya que no se puede sacrificar un derecho fundamental por la
implementación de un sistema pese a que su objetivo primordial sea el general un
sistema más eficiente y célere.

En primer lugar, está la cuestión de la accesibilidad y de la forma en la que el Estado
brinda actualmente las herramientas tecnológicas a todas las personas para ser parte
de un sistema informático donde se desarrollen las actividades y trámites
gubernamentales, mucho más en un campo tan delicado como es el del derecho

tributario.

La importancia del estudio radica en tratar de arrojar a la luz una cuestión de gran
relevancia en el ámbito del Derecho en general y específicamente en el campo

tributario donde por años se ha dejado de lado el derecho de los contribuyentes; la
práctica en esta materia ha dejado como resultado una serie de abusos por parte de
las Administraciones Tributarias que simplemente han ejercido acciones coactivas y

han efectuado cobros no en uso de su potestad de imperio sino más bien con un tinte

de arbitrariedad.

La vida en sociedad política importa, desde un punto de vista del derecho tributario,
desarrollar una función de recaudación para financiar el gasto público, como también

368

velar por el cumplimiento de deberes por parte de los contribuyentes para el logro del

bien común. En tal escenario, la gestión y administración del Estado debe considerar
aquellos medios que permitan a los contribuyentes facilitar el cumplimiento de los

referidos deberes, evitando, de esa forma, que los actos de la autoridad fiscalizadora
se constituyan en arbitrarios o ilegales. Al ser así, el establecimiento de dichos medios

implica reconocer el ejercicio legítimo de los derechos de los contribuyentes.
(Faúndez-Ugalde et al, 2018, p. 116)

Por lo tanto, es esencial establecer mecanismos que respeten el ejercicio legítimo de

los derechos de los contribuyentes. Las garantías del debido proceso deben prevalecer

incluso sobre el interés recaudatorio del Estado, más allá de las prácticas anteriores.
No tiene sentido una recaudación elevada si es el resultado de un proceso que no
genera satisfacción en los contribuyentes.

La notificación de los actos administrativos constituye, en cierto sentido, un

verdadero  derecho  de  los  administrados;  una garantía  jurídica  respecto  de  la
actividad de la Administración pública en cuanto pueda afectar a sus derechos
o  intereses,  en  cuanto  por  ella  se  les  informa  de  especiales  cargas  y
obligaciones;  positivas  o  negativas,  impuestas  por  la  Administración.  Con

carácter general, se entiende por notificación el acto en virtud del cual se

informa o se pone en conocimiento de una o varias personas un acto o un
hecho determinado. La notificación, dice el Auto del Tribunal Supremo de 17
de marzo de 1949, tiene por objeto el de dar a las partes el debido

conocimiento de los acuerdos que les interesan, para que puedan ejercitar los
recursos que estimen procedentes. (Serrano, 1950, p. 131)

La notificación se define, según Serrano, como el acto por el cual se informa o se da a
conocer a una o varias personas un acto o hecho específico. En este contexto, el
principal propósito de la notificación es informar a las partes interesadas sobre las

decisiones que les afectan, permitiéndoles ejercer los recursos que consideren

pertinentes.  Además,  se  resalta  la  relevancia  de  la  notificación  de  los  actos
administrativos  como  un  derecho  fundamental  de  los  ciudadanos.  Este  derecho  es
una  garantía  legal  que  protege  a  las  personas  de  las  acciones  de  la  Administración
Pública que puedan perjudicar sus derechos o intereses.

369

En el ámbito tributario, la notificación de los actos administrativos es crucial para

garantizar que los contribuyentes estén informados sobre sus obligaciones fiscales y
puedan ejercer sus derechos de defensa. Sin embargo, la forma en que se realiza esta

notificación puede tener implicaciones.

Finalmente, entonces, este trabajo investigativo busca ponderar desde el punto de

vista doctrinario y normativo principios presentes en el Derecho Tributario, por un
lado, la eficiencia y la celeridad que van de la mano con la vigencia tecnológica que
apoya todo procedimiento incluso jurídico en la actualidad y que no debe ser dejado

de lado y por otro, el derecho a la defensa, al que tiene acceso todo contribuyente

para  que  sus  intereses  no  se  vean  vituperados.  La  investigación  busca  comparar,
analizar  y  estudiar  las  ventajas  y  desventajas  de  los  sistemas  y  herramientas
implementados  en  el  Ecuador  para  enfrentarlos  a  las  responsabilidades  del  Estado
con  los  ciudadanos  para  solamente  de  esa  forma,  entender  la  aplicabilidad  o  no  de

estas herramientas.

Desarrollo

Derecho a la defensa

El derecho a la defensa del contribuyente ocupa una posición primordial en el ámbito

tributario  de  Ecuador,  pues  garantiza  que  los  contribuyentes  tengan  acceso  a  los
recursos  necesarios  para  hacer  valer  sus  derechos  durante  cualquier  procedimiento
sea  administrativo  o  contencioso.  En  este  contexto,  el  Servicio  de  Rentas  Internas
SRI, como la principal Administración Tributaria en el Ecuador debe garantizar una

serie de derechos para los sujetos pasivos, entre los cuales se incluyen el trato digno y

la oportunidad de recibir información pertinente.

Por otro lado, el respeto a la supremacía constitucional es el fundamento esencial

para  la  tramitación  de  todo  proceso  y  en  toda  esfera  en  la  que  este  se  ventile.  El
derecho  a  la  defensa  del  contribuyente,  resulta  por  tanto  esencial  en  el  sistema
tributario,  pues  posibilita  que  los  contribuyentes  reclamen  sus  derechos  en  los

tiempos que la ley así determine.

En un contexto de interpretación sistemática, el mandato constitucional del
artículo 76 no puede comprenderse aislado de otras disposiciones de la norma
fundamental. Constituye el más alto deber del Estado respetar y hacer respetar

370

los derechos garantizados en la Constitución y en la consecución de esa

finalidad responderá ante los casos de detención arbitraria, error judicial,
retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y
reglas del debido proceso. (Farfán, 2021, p. 120)

El autor citado se centra en la interpretación sistemática del artículo 76 de la
Constitución, que establece el deber supremo del Estado de respetar y hacer respetar

los derechos garantizados en la Constitución. Este mandato no puede ser

comprendido de manera aislada, sino que debe ser interpretado en relación con otras
disposiciones de la norma fundamental.

En este marco, el Estado asume la responsabilidad de abordar situaciones de
detención arbitraria, error judicial, demora injustificada o administración inadecuada

de justicia; estos casos representan infracciones al derecho a la tutela judicial efectiva
y al debido proceso, que son principios esenciales en cualquier sistema jurídico.

En el ámbito del procedimiento administrativo, es crucial que las entidades
administrativas cumplan con un principio relacionado, la tutela administrativa

efectiva. Este principio garantiza que los ciudadanos puedan defender sus derechos e
intereses legítimos frente a las decisiones de la administración, proporcionando un
marco para un proceso equitativo y justo.

En consecuencia, Farfán (2021) destaca la importancia de la interpretación

sistemática de la Constitución y el papel del Estado en la protección de los derechos

fundamentales. Asimismo, subraya la responsabilidad del Estado de responder ante
las violaciones de estos derechos y de garantizar la tutela administrativa efectiva y el

debido proceso equivalentes en la esfera de las acciones del SRI.

En la actualidad, el derecho a la defensa se encuentra regulado en la gran mayoría de
las legislaciones del orbe, ello en mérito de que es entendida como un derecho

inherente a la condición humana en la cual todo individuo que es emplazado por la

justicia debe de contar con las garantías mínimas para ejercitar su defensa en juicio y
oponerse a las pretensiones que contra él se promueven. (Palacios, 2019)

371

El derecho a la defensa es un principio fundamental en el ámbito administrativo,

especialmente en lo que respecta a las notificaciones electrónicas del Servicio de
Rentas Internas SRI. Este derecho garantiza que los contribuyentes tengan la

oportunidad de defenderse adecuadamente durante los procedimientos
administrativos. Esto incluye el derecho a ser informado de manera oportuna y clara

sobre cualquier notificación o requerimiento del SRI, así como el derecho a disponer
de tiempo y recursos suficientes para preparar su defensa.

En el contexto de las notificaciones electrónicas del SRI, el derecho a la defensa

implica que los contribuyentes deben tener acceso fácil y seguro a estas

notificaciones,  y  deben  ser  capaces  de  entender  su  contenido  y  las  implicaciones
legales  que  conllevan.  Además,  deben  tener  la  oportunidad  de  responder  a  estas
notificaciones y presentar argumentos y pruebas en su defensa. En ausencia de estas
garantías,  se  podría  argumentar  que  el  derecho  a  la  defensa  está  siendo

comprometido, lo cual podría tener implicaciones legales y constitucionales
significativas.

Los elementos clave del derecho a la defensa del contribuyente abarcan una serie de
derechos y garantías destinados a asegurar un trato justo y equitativo para los

contribuyentes dentro del sistema tributario; entre estos la doctrina ha resaltado a los

más  importantes  como  el  de  apelación  administrativa  justa  e  imparcial  que  busca
garantizar  que  los  contribuyentes  tengan  la  capacidad  de  impugnar  las  decisiones
fiscales  de  manera  justa,  proporcionando  un  mecanismo  para  revisar  y  corregir

dichas decisiones.

Por otro lado, el derecho a recibir una respuesta por escrito asegura que los
contribuyentes reciban comunicaciones claras y comprensibles sobre las decisiones

fiscales, permitiéndoles comprender completamente las implicaciones de tales
decisiones.

Historia del derecho a la defensa

El derecho a la defensa es un pilar fundamental en el ámbito jurídico, en el contexto

tributario los contribuyentes se encontraban en una posición de vulnerabilidad frente
a las administraciones fiscales sin embargo con el paso del tiempo se han introducido

372

reformas legislativas y constitucionales que han fortalecido este derecho,

garantizando un proceso equitativo y trasparente.

Las revoluciones históricas marcaron el comienzo de la monarquía constitucional en

la mayoría de los países europeos. En este nuevo marco, las constituciones nacionales
decidieron prohibir la tortura y reformaron completamente sus sistemas procesales

(Palacios, 2019).

A consecuencia del surgimiento de la monarquía constitucional en Europa. Este
cambio político significó una transformación radical en los sistemas procesales, la

reforma de los procedimientos judiciales. Este período histórico marcó un hito en la

consolidación del derecho a la defensa como un principio fundamental en los
sistemas jurídicos modernos.

En el contexto tributario, estos cambios en los sistemas procesales tienen

implicaciones significativas. Los contribuyentes, como cualquier acusado en un

proceso  legal,  tienen  derecho  a  un  juicio  justo  e imparcial.  Por  lo  tanto,  es  esencial
que  los  procedimientos  administrativos  tributarios  respeten  estos  principios
fundamentales para garantizar la equidad y la justicia. (Palacios, 2019)

Desde la antigüedad, se ha reconocido la importancia de salvaguardar los derechos de

los  contribuyentes;  en  principio,  se  establecieron  algunos  de  sus  derechos  más
básicos,  tanto  en  la  Constitución  como  en  las  leyes.  Sin  embargo,  el  mero
reconocimiento  de  estos  derechos  no  aseguró  su  implementación  y  aplicación
efectiva. A pesar de estar consagrados en la norma, a menudo no se respetaban en la

práctica.

La Edad Media, se caracterizó por la implementación de mecanismos de defensa
destinados a proteger a los contribuyentes. En este periodo, se introdujeron diversos

instrumentos y mecanismos para salvaguardar a los contribuyentes de posibles
violaciones a sus derechos tanto en el ámbito administrativo como en el
jurisdiccional.

Luego, la Edad Moderna se enfocó en consolidar la relación entre las autoridades

fiscales  y  los  contribuyentes,  se  estableció  la  Procuraduría  de  la  Defensa  del
Contribuyente  con  el  objetivo  de  proporcionar  un  espacio  neutral  para  encuentros,
acuerdos  y  la  construcción  de  confianza  mutua  entre  las  autoridades  fiscales  y  los

373

contribuyentes, lo cual marcó un cambio importante en la forma en que se los trataba

y poniendo un mayor énfasis en el respeto a sus derechos.

El ordenamiento jurídico de Ecuador, al igual que en cualquier país, constituye una

estructura jerárquica de normas que regulan la conducta de individuos e instituciones
dentro de la sociedad. En la cúspide de este ordenamiento se encuentra la

Constitución de la República del Ecuador, la norma suprema que establece los
principios y valores fundamentales de la sociedad ecuatoriana.

La Constitución no solo define los derechos, principios y deberes de los ciudadanos,

delinea la estructura y funciones del gobierno, equipará las disposiciones emanadas

de tratados y convenios internacionales en lo relativo a derechos humanos, y en
términos generales dicta el modo en el que se desarrollará el ordenamiento jurídico
en general.

El resto del ordenamiento jurídico se complementa con leyes, reglamentos,

ordenanzas y otras normas infra constitucionales. Aunque estas normas son de rango
inferior a la Constitución, son fundamentales para regular la vida cotidiana e
implementar normas, regla, principios y valores establecidos en la Constitución.

El derecho a la defensa es un principio fundamental que asegura que todas las

personas  tengan  la  oportunidad  de  defenderse  adecuadamente  cuando  enfrentan
procedimientos  judiciales.  Este  derecho  es  particularmente  relevante  para  los
contribuyentes,  ya  que  les  permite  proteger  sus  derechos  en  el  contexto  de  los
procedimientos fiscales.

La promulgación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria a finales de

2019 en Ecuador representó un hito significativo en la legislación tributaria del país.
Esta ley introdujo reformas sustanciales a diversas normativas existentes, incluyendo

el Código Tributario ecuatoriano.

Una de las características más sobresalientes de esta reforma fue la incorporación de

una enumeración taxativa de los derechos de los contribuyentes. Esto implica la
presentación de una lista detallada y específica de los derechos que los contribuyentes

poseen en el sistema tributario. Esta lista no solo actúa como una guía clara para los
contribuyentes en cuanto a sus derechos, sino que también establece las obligaciones
de las autoridades fiscales para respetar y proteger dichos derechos.

374

La inclusión de esta enumeración taxativa en la ley constituye un avance significativo

hacia la salvaguarda de los derechos de los contribuyentes. Proporciona una base
legal sólida para la defensa de estos derechos y establece un marco claro para la

interpretación y aplicación práctica de los mismos.

Además, esta reforma refuerza el principio de legalidad en el sistema tributario, ya

que todos los actos de las autoridades fiscales deben estar fundamentados en la ley y
respetar los derechos de los contribuyentes tal como se detallan en la legislación.

El principio fundamental del derecho a la defensa del contribuyente se refleja en

diversos convenios y tratados internacionales. Aunque estos tratados pueden variar

en enfoque y alcance, comparten el objetivo común de salvaguardar los derechos de
los contribuyentes y fomentar la equidad y transparencia en la administración
tributaria.

Varios tratados internacionales fomentan la cooperación internacional en asuntos

fiscales mediante el intercambio de información entre países. Este intercambio
contribuye a garantizar un ejercicio transparente de los derechos y el cumplimiento
de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Al ofrecer un mecanismo para
compartir información, estos tratados ayudan a prevenir la evasión fiscal y aseguran

que todos los contribuyentes sean tratados de manera justa y equitativa.

Además, algunos tratados tienen como objetivo evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal. Estos acuerdos pueden proteger los derechos de los contribuyentes
al asegurar que no sean gravados injustamente por el mismo ingreso en dos

jurisdicciones diferentes. Al evitar la doble imposición, estos tratados promueven la

equidad en el sistema tributario y protegen a los contribuyentes de una carga fiscal
excesiva.

Es  importante  subrayar  que,  aunque  estos  tratados  ofrecen  un  marco  significativo
para  la  protección  de  los  derechos  de  los  contribuyentes,  la  implementación  y
aplicación  efectiva  de  estos  derechos  dependen  en  gran  medida  de  las  leyes  y

regulaciones nacionales de cada país.

Esto significa que, aunque los tratados

internacionales pueden establecer normas y principios generales, la protección real
de los derechos de los contribuyentes depende de cómo estos principios se traduzcan
en leyes y políticas nacionales.

375

El derecho tributario, al ser parte del derecho público, lleva implícito un
interés colectivo y más aún cuando este regula las relaciones jurídicas que se

producen entre las diferentes administraciones tributarias y los ciudadanos.
Los tributos al ser ingresos públicos constituyen una fuente de suma

importancia que tiene el Estado para solventar el gasto público, igual valor se
da, en el caso de los gobiernos locales ya que la recaudación tributaria les
permite en gran medida financiar las actividades que requieren ser realizadas

en pos de satisfacer las necesidades de la población. (Ávila, 2022, p. 12)

Ávila (2022) destaca la importancia del Derecho Tributario como parte integral del
derecho público y su función en la regulación de las relaciones jurídicas entre las

administraciones tributarias y los ciudadanos. Los tributos, al constituir ingresos

públicos, desempeñan un papel crucial al financiar las actividades del Estado y
satisfacer las necesidades de la población.

El Derecho Tributario, al formar parte del derecho público, implica un interés
colectivo, lo que significa que no únicamente se ocupa de las obligaciones

individuales de los contribuyentes, sino que también tiene en cuenta el bienestar de la
sociedad en su conjunto. Las leyes fiscales están diseñadas para equilibrar la
necesidad de recaudar ingresos para el Estado con la protección de los derechos y
libertades de los ciudadanos.

Asimismo, el derecho tributario regula las relaciones jurídicas entre las

administraciones tributarias y los ciudadanos. Esto abarca desde la determinación de
las obligaciones tributarias de los ciudadanos hasta la definición de sus derechos y

garantías en el proceso tributario. El objetivo es asegurar que los ciudadanos sean
tratados de manera justa y equitativa en sus interacciones con las administraciones
tributarias.

Los tributos representan una fuente de ingresos de suma importancia para el Estado

y los gobiernos locales. Estos ingresos posibilitan el financiamiento de diversas
actividades y servicios públicos, desde la educación y la salud hasta la infraestructura

376

y la seguridad. Sin los recursos derivados de los tributos, sería difícil para el Estado y

los gobiernos locales proveer estos servicios esenciales.

La notificación

Es un mecanismo de comunicación legal que permite a la administración trasmitir
información a los ciudadanos. En el ámbito tributario son vitales para informar a los

contribuyentes sobre sus obligaciones y decisiones administrativas. En la era digital,
las notificaciones se han trasformado, adoptando formatos electrónicos para mayor
eficiencia. No obstante, este avance también plantea nuevos desafíos en términos de

garantizar que todos los contribuyentes, independientemente con su familiaridad con

la tecnología, puedan recibir y atender estas notificaciones.

Etimológicamente, notificación proviene del verbo latino notificare que
significa hacer conocer, dar noticia o dar a conocer a alguien alguna cosa. La

utilización del término no es usual en el lenguaje coloquial ni tampoco en el

ámbito de las relaciones sociales, reservándose, normalmente, su empleo para
hacer referencia a las comunicaciones formales remitidas a los particulares por
los organismos oficiales de la Administración Pública. (Nogueira, 2014, p. 7)

En resumen, la notificación, tal como describe (Nogueira, 2014), es un mecanismo de
comunicación formal que desempeña un papel crucial en las relaciones entre la
Administración Pública y los ciudadanos. Al permitir la comunicación efectiva de
información importante, la notificación contribuye a la transparencia, la equidad y la

eficacia de la Administración Pública.

Evolución histórica

Desde los albores de la historia legal, las notificaciones se realizaban en persona, un

método efectivo, pero lento y que requería una gran cantidad de recursos humanos.
Con la creación de los servicios postales, las notificaciones por correo se convirtieron

en la norma, permitiendo una entrega más rápida y eficiente de documentos legales a
ubicaciones distantes. Sin embargo, este método presentaba desafíos, como la

posibilidad de pérdida o daño del correo y la dificultad de probar la recepción.

377

La era digital ha revolucionado el proceso de notificación. El correo electrónico y las

notificaciones electrónicas a través de portales web se han convertido en métodos
comunes en muchos sistemas legales, ofreciendo rapidez, eficiencia y una fácil

confirmación de la recepción. Sin embargo, también han surgido nuevos desafíos,
como la seguridad de la seguridad de la información y la privacidad.

En  el  ámbito  de  la  administración  pública,  las  notificaciones  electrónicas  se  han
vuelto  cada  vez  más  comunes,  con  muchas  agencias  gubernamentales  utilizando
portales  web  y  sistemas  de  correo  para  notificar  a  los  ciudadanos  sobre  decisiones

administrativas y legales. A pesar de los desafíos, la evolución de las notificaciones ha

demostrado ser un componente esencial en la adaptación de los sistemas legales a la
era digital.

En el ámbito de la Administración Pública, la notificación es un instrumento crucial
para informar a los ciudadanos sobre las decisiones, acciones o procedimientos que

les  afectan  directamente.  Esto  puede  incluir  una  variedad  de  asuntos,  desde  la
imposición de obligaciones legales hasta la aplicación de sanciones. Al proporcionar a
los  ciudadanos  información  oportuna  y  precisa  sobre  estos  asuntos,  la  notificación
permite  que  los  ciudadanos  ejerzan  sus  derechos  de  defensa  y  respondan

adecuadamente a las acciones de la Administración Pública.

Además,  la  notificación  también  contribuye  a  la  transparencia  y  la  rendición  de
cuentas  en  la  Administración  Pública.  Al  informar  a  los  ciudadanos  sobre  las
decisiones  o  acciones  de  la  Administración  Pública,  la  notificación  permite  a  los

ciudadanos entender mejor las acciones de la Administración Pública y, si es

necesario, cuestionar o impugnar estas acciones.

La notificación constituye un componente esencial en cualquier sistema legal,

incluyendo el ámbito tributario. En su esencia, la notificación representa el medio a
través del cual las autoridades fiscales comunican decisiones, acciones o información
relevante a los contribuyentes. Este tipo de comunicación puede abordar diversos

temas, desde la imposición de obligaciones fiscales hasta la aplicación de sanciones.

Desde  una  perspectiva  técnica,  la  notificación  se  configura  como  un  acto
administrativo  con  el  propósito  de  informar  a  los  contribuyentes  acerca  de  una
decisión  o  acción  que  impacta  directamente  en  ellos.  Para  que  este  acto

378

administrativo sea considerado válido, debe cumplir con requisitos específicos. Por

ejemplo, debe ser claro, preciso y completo, ofreciendo toda la información necesaria
para que el contribuyente comprenda plenamente la decisión o acción y sus

implicaciones.

Asimismo, la notificación debe ser entregada de manera oportuna y a través de un

medio que asegure su recepción por parte del contribuyente. Este proceso puede
implicar la entrega en persona, mediante correo o a través de medios electrónicos,
dependiendo de las leyes y regulaciones específicas de cada jurisdicción.

Es crucial resaltar que la notificación desempeña un papel crucial en el derecho a la

defensa  del  contribuyente.  Al  proporcionar  información  oportuna  y  precisa  a  los
contribuyentes sobre las decisiones o acciones que les afectan, la notificación habilita
a  los  contribuyentes  para  ejercer  sus  derechos  de  defensa.  Esto  puede  incluir  el
derecho  a  impugnar  la  decisión  o  acción,  el  derecho  a  presentar  pruebas  en  su

defensa y el derecho a un proceso justo y equitativo.

La  notificación  personal  es  un  método  tradicional  que  ha  sido  empleado  durante
siglos  en  el  ámbito  legal.  Este  tipo  de  notificación  se  realiza  en  persona,  donde  un
oficial  de  la  corte  o  un  mensajero  entrega  físicamente  los  documentos  legales  al

destinatario. Aunque efectivo, este método puede ser lento y requiere una
considerable cantidad de recursos humanos. Además, la notificación personal puede
presentar desafíos en términos de logística y tiempo, especialmente cuando el
destinatario se encuentra en una ubicación remota o de difícil acceso.

Existen varios tipos de notificaciones personales, incluyendo la notificación por

cédula, la notificación por edictos y la notificación por estrados. Cada uno de estos
métodos tiene sus propias características y se utiliza en diferentes contextos legales.

Por otro lado, la notificación digital, es un método más moderno que ha surgido con
el advenimiento de la tecnología digital. Este tipo de notificación se lleva a cabo a
través de medios electrónicos, como el correo electrónico o los portales web. Las

notificaciones digitales son rápidas, eficientes y permiten una fácil confirmación de la

recepción. Sin embargo, también han surgido nuevos desafíos con este método, como
la seguridad de la información y la privacidad.

379

Las notificaciones digitales pueden adoptar varias formas, incluyendo las

notificaciones por correo electrónico, las notificaciones a través de portales web y las
notificaciones mediante aplicaciones móviles. Cada uno de estos métodos tiene sus

propias ventajas y desventajas, y se utiliza en diferentes contextos legales.

La notificación Electrónica, es un mecanismo de comunicación legal que permite a la

administración  trasmitir  información  a  los  ciudadanos.  En  el  ámbito  tributario  son
vitales  para  informar  a  los  contribuyentes  sobre  sus  obligaciones  y  decisiones
administrativas.  En  la  era  digital,  las  notificaciones  se  han  trasformado,  adoptando

formatos electrónicos para mayor eficiencia. No obstante, este avance también

plantea nuevos desafíos en términos de garantizar que todos los contribuyentes,
independientemente con su familiaridad con la tecnología, puedan recibir y atender
estas notificaciones.

En un mundo cada vez más tecnológico es inevitable disminuir el ritmo del
crecimiento de países desarrollados y pensar en implementar esa tecnología en
Ecuador, un claro ejemplo es como a lo largo del desarrollo de este trabajo se
menciona la adaptación del procedimiento administrativo electrónico en

diversas administraciones públicas como en otros países, con el fin de mejorar
el servicio que brindan a sus ciudadanos, por lo que hubo un cambio, de
dirigirlo manualmente se pasó a uno totalmente digital. (Vega, 2022, p. 1)

El mundo está experimentando una transformación digital sin precedentes. La

tecnología está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos.
En este contexto, la notificación electrónica se ha convertido en una herramienta

esencial en el ámbito legal y administrativo.

La notificación electrónica es un método que utiliza medios electrónicos, como el
correo electrónico o los portales web, para entregar documentos legales a las partes

interesadas. Este método es rápido, eficiente y permite una fácil confirmación de la

recepción. Sin embargo, también presenta nuevos desafíos, como la seguridad de la
información y la privacidad.

380

En un mundo cada vez más digital, la notificación electrónica ofrece varias ventajas

sobre los métodos tradicionales. En primer lugar, es mucho más rápida que la
notificación personal, acelerando el proceso legal y administrativo. En segundo lugar,

es más eficiente, no requiere la intervención de un mensajero o un oficial de la corte,
reduciendo costos y recursos. En tercer lugar, permite una fácil confirmación de la

recepción, ya que los sistemas electrónicos pueden rastrear y registrar
automáticamente cuando se ha recibido y abierto una notificación.

Sin embargo, la notificación electrónica también presenta nuevos desafíos. Uno de los

principales es la seguridad de la información, ya que los documentos legales a

menudo contienen información sensible y confidencial. Por lo tanto, es esencial que
los sistemas de notificación electrónica estén diseñados para proteger esta
información y prevenir su acceso no autorizado. Otro desafío es la privacidad, ya que
las notificaciones electrónicas pueden ser enviadas a través de medios electrónicos

inherentemente menos privados que la entrega personal. Por lo tanto, es importante
garantizar que las notificaciones electrónicas se realicen de una manera que respete
la privacidad de las partes interesadas.

El Servicio de Rentas Internas SRI, de Ecuador ha implementado un sistema de

notificación electrónica para mejorar la eficiencia y la velocidad del proceso

administrativo y legal. Este sistema permite a las personas naturales o jurídicas
consultar los documentos notificados electrónicamente a través de la página web
institucional.

En términos más técnicos, el Buzón de Notificación Electrónica es una plataforma

digital que facilita la comunicación entre la administración tributaria y los
contribuyentes, proporcionando información oportuna y relevante sobre las

obligaciones fiscales, los procedimientos administrativos y las normativas fiscales.
Esta herramienta es esencial para garantizar la transparencia y la eficiencia en la
administración tributaria.

El SRI ha facilitado procesos que permiten a los individuos o entidades legales

notificar la factura electrónica en garantía, así como la factura electrónica comercial
negociable. Estos procesos se pueden llevar a cabo presentando los requisitos
necesarios a través de los diferentes canales de servicio habilitados en todo el país.

381

A pesar de las ventajas que ofrece la notificación electrónica, también presenta

nuevos desafíos. Uno de los principales desafíos es la seguridad de la información, ya
que los documentos legales a menudo contienen información sensible y confidencial.

Por lo tanto, es esencial que los sistemas de notificación electrónica estén diseñados
para proteger esta información y prevenir su acceso no autorizado.

Otro desafío es la privacidad. Las notificaciones electrónicas pueden ser enviadas a
través de medios electrónicos que son inherentemente menos privados que la entrega
personal. Por lo tanto, es importante garantizar que las notificaciones electrónicas se

realicen de una manera que respete la privacidad de las partes interesadas.

Ventajas y desventajas de la notificación electrónica en el procedimiento
tributario

Adentremos en la esfera de la notificación electrónica en el procedimiento tributario

en Ecuador, donde se puede identificar un enfoque tecnológico que ha revolucionado

la  interacción  de  los  contribuyentes  con  las  autoridades  fiscales,  optimizando  la
eficiencia  y  precisión  de  las  comunicaciones.  Se  explorará  cómo  la  digitalización  de
este  proceso  ha  mejorado  la  gestión  tributaria,  brindando  beneficios  significativos
tanto al Servicio de Rentas Internas como a los contribuyentes.

Las ventajas de la notificación electrónica en el procedimiento tributario en Ecuador
son diversas y significativas.

La implementación de notificaciones electrónicas ha revolucionado el cumplimiento
de las obligaciones fiscales. Los contribuyentes ahora reciben información crucial de

manera oportuna y eficiente, lo que facilita la planificación y gestión de sus

responsabilidades fiscales. Esta transformación digital ha simplificado el proceso
tributario, permitiendo a los contribuyentes mantenerse al día con sus obligaciones

de manera más eficiente.

La velocidad de las notificaciones electrónicas ha mejorado significativamente la

comunicación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes. La entrega
instantánea de comprobantes y la disponibilidad inmediata de información relevante

son especialmente útiles en situaciones críticas, como las fechas límite para el pago
de impuestos. Esta rapidez en la comunicación permite a los contribuyentes tomar
decisiones informadas y oportunas.

382

En términos de seguridad, las notificaciones electrónicas ofrecen una protección

robusta para los documentos notificados. Las medidas de seguridad informática
garantizan la integridad y confidencialidad de los documentos, proporcionando un

resguardo efectivo contra la pérdida o alteración de la información. Además, la
naturaleza digital de estas notificaciones facilita un seguimiento y registro más eficaz,

lo cual es valioso en situaciones legales.

La autenticidad de las notificaciones es otra ventaja clave de las notificaciones
electrónicas. Respaldadas por medidas de seguridad informática, estas notificaciones

reducen significativamente el riesgo de falsificación. Esto proporciona a los

contribuyentes la confianza de que la información que reciben es auténtica y proviene
de una fuente confiable.

A pesar de las ventajas de las notificaciones electrónicas, existen desafíos
significativos que deben abordarse. El acceso limitado a la tecnología puede excluir a

ciertos grupos de contribuyentes, especialmente en áreas rurales o comunidades con
bajos ingresos. Este problema se agrava por la falta de habilidades técnicas necesarias
para utilizar eficazmente las notificaciones electrónicas.

Además, la seguridad informática es una preocupación constante. A pesar de las

medidas de seguridad implementadas, los ataques cibernéticos pueden comprometer
la integridad de la información, exponiendo datos confidenciales de los
contribuyentes. Esto subraya la necesidad de fortalecer continuamente las medidas
de seguridad para proteger la información de los contribuyentes.

Las notificaciones electrónicas también plantean problemas de privacidad. A

diferencia de las notificaciones personales, las notificaciones electrónicas pueden ser
interceptadas o accedidas por terceros no autorizados, especialmente si contienen

información sensible. Esto resalta la importancia de establecer políticas sólidas para
garantizar la privacidad de las notificaciones electrónicas.

Por último, la comprensión tecnológica puede ser un desafío para algunos

contribuyentes, especialmente aquellos de mayor edad o con menor familiaridad con

la tecnología. Estos contribuyentes pueden necesitar asistencia adicional para utilizar
eficazmente las notificaciones electrónicas.

383

Es imperativo que el Servicio de Rentas Internas SRI y otras entidades

gubernamentales aborden estos desafíos. Esto podría incluir la implementación de
programas educativos para ayudar a los contribuyentes a comprender y utilizar la

tecnología de notificación electrónica, mejoras en las medidas de seguridad, y el
establecimiento de políticas para garantizar la privacidad de las notificaciones

electrónicas. Con el avance continuo de la tecnología, es probable que se produzcan
más cambios y desarrollos en este ámbito.

Las leyes y regulaciones que respaldan esta práctica

El Código Tributario (2018) establece en su Capítulo V las disposiciones
concernientes a la notificación en el contexto administrativo. La notificación,
entendida como el procedimiento mediante el cual se informa a una entidad, sea esta

natural o jurídica, acerca del contenido de un acto o resolución administrativa, así

como  la  solicitud  por  parte  de  un  funcionario  competente  en  relación  al
cumplimiento  de  obligaciones  formales,  se  rige  por  diversas  modalidades.  Estas
comprenden  la  entrega  personal,  la  utilización  de  boletas,  el  correo  certificado,  la
prensa,  la  casilla  judicial,  la  correspondencia  postal  y  los  medios  electrónicos,  estos

últimos regidos por lo dispuesto en la Ley de Comercio Electrónico.

Cada  método  de  notificación  implica  procedimientos  y  requisitos  específicos  para
asegurar  la  adecuada  recepción  de  la  información  por  parte  de  los  interesados.  La
notificación  personal  implica  la  entrega  directa  al  destinatario,  mientras  que  la

notificación por boletas se emplea en situaciones de ausencia. Otros medios, como el

correo, la prensa y la correspondencia, también se contemplan, incluyendo la
posibilidad de notificación electrónica conforme a lo estipulado en la legislación

pertinente.

El horario de notificación brinda flexibilidad a la administración tributaria para llevar
a cabo esta acción dentro de las veinticuatro horas, considerando las conveniencias

horarias del contribuyente o su representante legal. Las notificaciones recibidas en

días inhábiles producirán efectos en el primer día hábil siguiente a la recepción,
según lo establecido en el artículo correspondiente.

384

La Ley De Comercio Electrónico, Firmas Y Mensajes De Datos (2002) refiere a las

Notificaciones Electrónicas en el contexto jurídico. Según este artículo, cualquier
individuo que sea parte integral de un procedimiento judicial está obligado a

especificar un lugar para recibir notificaciones. Este lugar puede ser un casillero
judicial o un correo electrónico asociado a un abogado debidamente registrado en

cualquier  Colegio  de  Abogados  del  Ecuador.  En  el  caso  de  los  representantes  de
entidades  jurídicas  del  sector  público  y  funcionarios  del  Ministerio  Público  que
participan  en  juicios,  las  notificaciones  se  realizarán  en  sus  oficinas  o  en  un  correo

electrónico designado para tal fin. Este artículo subraya la importancia de la

comunicación digital en el proceso judicial y la necesidad de tener un sistema
eficiente para la entrega de notificaciones.

Código Orgánico General de Procesos (2015) El Artículo 65 se refiere al acto de
Notificación, que es el proceso formal y legal mediante el cual se comunica a las

partes involucradas, a otras personas, o a quien debe acatar una orden o aceptar un
nombramiento emitido por el juez, sobre todas las resoluciones judiciales.

Estas resoluciones judiciales deben ser notificadas en un plazo no mayor a
veinticuatro horas posteriores a su emisión. La inobservancia de esta normativa

conlleva sanciones, las cuales están estipuladas y se aplican de acuerdo con lo

establecido en la ley. Este artículo subraya la importancia de la comunicación
oportuna y eficiente en el proceso judicial y la necesidad de tener un sistema eficaz
para la entrega de notificaciones.

Las posibles infracciones de esta práctica

En el ámbito administrativo, el tiempo se convierte en un elemento crucial. Cualquier
demora en la entrega de notificaciones puede acarrear consecuencias legales

significativas,  comprometiendo  el  derecho  a  la  defensa  de  los  individuos  afectados.
Por  ende,  resulta  imperativo  que  instituciones  como  el  SRI  se  adhieran  de  manera
rigurosa  a  los  plazos  establecidos,  asegurando  así  la  equidad  y  eficacia  del  proceso

legal.

Problemas técnicos con el sistema web del SRI, a pesar de los avances que la
digitalización ha aportado a la eficiencia de los procesos, la misma puede conllevar
desafíos, como fallos en el sistema web, con potenciales implicaciones legales. En este

385

contexto, se vuelve esencial que el SRI implemente medidas de contingencia

efectivas, garantizando que los contribuyentes no se vean perjudicados por problemas
técnicos ajenos a su control.

Las infracciones tributarias abarcan un espectro amplio, desde la omisión de ingresos
hasta la sobrevaloración de costos y gastos. Es crucial que los contribuyentes estén

plenamente conscientes de estas posibles infracciones y de las sanciones asociadas.
Este conocimiento es fundamental para que puedan cumplir adecuadamente con sus
obligaciones tributarias, evitando así consecuencias legales adversas.

La notificación electrónica, si no se gestiona adecuadamente, puede llevar a

situaciones que van desde problemas logísticos hasta desafíos legales. La atención
rigurosa a los plazos, la implementación de medidas de contingencia y la conciencia
de las posibles infracciones tributarias son aspectos esenciales para mantener la
integridad y la efectividad del proceso notifica torio.

Comparación de las implicaciones legales y constitucionales de la
notificación al contribuyente en Ecuador y Colombia

La notificación al contribuyente constituye un elemento fundamental en la gestión

tributaria, un  proceso  de  índole  legal  y formal que faculta  a  las  autoridades  fiscales
para  comunicar  determinaciones  y  acciones  relevantes  a  los  contribuyentes.  No
obstante, la manera en que se ejecuta este procedimiento adquiere relevancia no solo
desde  una  perspectiva  operativa,  sino  también  en  términos  de  sus  posibles

implicaciones legales y constitucionales. Este análisis se enfoca en examinar dichas

implicaciones, destacando las divergencias entre Ecuador y Colombia en este ámbito
específico.

En el contexto ecuatoriano, la notificación al contribuyente está meticulosamente

reglamentada por la legislación. Los derechos de los contribuyentes son consagrados
a nivel legal, imponiendo a las autoridades judiciales la responsabilidad de exigir a la

administración  tributaria  el  cumplimiento  estricto  de  dichos  derechos  en  todas  las
instancias.  De  acuerdo  con  la  Constitución  ecuatoriana,  cualquier  proceso
administrativo  debe  respetar  los  derechos  constitucionales  de  los  ciudadanos.  Esta

386

premisa implica que el proceso de notificación debe caracterizarse por su

transparencia, puntualidad y eficacia, asegurando así que los contribuyentes puedan
ejercer en plenitud sus derechos.

En contraste, en Colombia, la notificación electrónica se erige como un método para
informar acerca de los actos administrativos emanados de la Dirección de Impuestos

y Aduanas Nacionales (DIAN). La efectividad de esta notificación se entiende
consumada en el momento en que el administrado accede al acto, requisito que debe
ser debidamente comprobado por la Administración. No obstante, la Corte

Constitucional de Colombia ha impuesto limitaciones al alcance de las notificaciones

electrónicas de la DIAN, instando a emplear canales de comunicación alternativos si
el afectado no accede al buzón digital. Esta situación subraya la importancia de
asegurar que las notificaciones sean accesibles para todos los contribuyentes,
preservando así la equidad en el proceso.

En  ambos  países,  Ecuador  y  Colombia,  las  notificaciones  al  contribuyente  se
configuran  como  un  componente  vital  de  la  administración  tributaria.  Ambas
naciones  han  implementado  medidas  específicas  para  garantizar  que  estas

notificaciones se lleven a cabo de manera oportuna y eficaz, resguardando al mismo
tiempo los derechos fundamentales de los contribuyentes. No obstante, no escasean
los desafíos y las controversias en ambos contextos, evidenciando la necesidad
constante de evaluar la efectividad de las notificaciones y el grado de cumplimiento

de los derechos de los contribuyentes en estos procesos.

Discusión

En el contexto de la implementación de notificaciones electrónicas en los

procedimientos tributarios de Ecuador, es esencial lograr un equilibrio entre la
eficiencia administrativa y la salvaguardia de los derechos fundamentales de los
contribuyentes. La eficiencia administrativa se refiere a la capacidad del Servicio de

Rentas Internas (SRI) para gestionar de manera eficaz sus responsabilidades y

obligaciones, mientras que la protección de los derechos fundamentales garantiza que
los contribuyentes puedan ejercer plenamente sus derechos, especialmente el
derecho a la defensa.

387

Aunque la notificación electrónica ofrece ventajas notables, como la rapidez y la

eficiencia en la entrega de notificaciones, presenta desafíos significativos, como la
necesidad de garantizar el acceso universal a la tecnología digital y la competencia

para utilizarla de manera efectiva. Asimismo, es crucial asegurar la seguridad y
confiabilidad de las notificaciones electrónicas para resguardar la privacidad y los

datos personales de los contribuyentes.

Las implicaciones legales y constitucionales de la notificación electrónica son de gran
relevancia. Por un lado, debe cumplir con las leyes y regulaciones existentes

relacionadas con la privacidad y la protección de datos. Por otro lado, debe respetar

los derechos constitucionales de los contribuyentes, en particular, el derecho a la
defensa.

El derecho a la defensa ha experimentado una evolución significativa en el ámbito
tributario y está respaldado por diversos tratados internacionales. Este derecho

asegura que los contribuyentes tengan la capacidad de impugnar decisiones fiscales y
acceder a la justicia, siendo esencial su respeto en todas las etapas de la
administración tributaria, incluida la notificación electrónica.

El Estado desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos de los

contribuyentes,  lo  que  implica  garantizar  la  realización  oportuna  y  eficaz  de
notificaciones  electrónicas,  así  como  la  capacidad  de  los  contribuyentes  para
impugnar  decisiones  fiscales.  Además,  la  interpretación  sistemática  de  la
Constitución es esencial para preservar los derechos fundamentales.

Se proponen medidas concretas para abordar los desafíos, como la mejora de la

infraestructura tecnológica del SRI, la capacitación en habilidades digitales para los
contribuyentes y la implementación de medidas para asegurar la entrega puntual de

notificaciones. También se sugiere una revisión de las sanciones tributarias para
garantizar su proporcionalidad y disuasión, junto con la promoción de la
participación pública en la formulación de políticas tributarias a través de consultas,

encuestas y foros en línea.

Conclusiones

El derecho a la defensa del contribuyente se ve desafiado por la introducción de la
notificación electrónica implementada por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

388

Aunque esta medida busca mejorar la eficiencia administrativa en la gestión

tributaria, plantea preocupaciones sustanciales al limitar el acceso y la comprensión
de las notificaciones por parte de los contribuyentes, impactando potencialmente en

su derecho a la defensa.

En Ecuador, la legislación tributaria establece claramente los derechos de los

contribuyentes  y  los  procedimientos  de  notificación.  Sin  embargo,  los  problemas
técnicos  en  el  sistema  web  del  SRI  y  los  retrasos  en  la  entrega  de  notificaciones
pueden  comprometer  estos  derechos.  Por  tanto,  es  imperativo  tomar  medidas  para

fortalecer la infraestructura tecnológica y garantizar la entrega puntual de

notificaciones.

En Colombia, a pesar de que la notificación electrónica ha mejorado la eficiencia de la
administración tributaria, la Corte Constitucional ha impuesto restricciones a su
alcance. Esto resalta la importancia de asegurar que las notificaciones sean accesibles

para todos los contribuyentes, independientemente de su capacidad para utilizar la
tecnología digital.

En ambos países, se requiere un equilibrio entre la eficiencia administrativa y la
protección de los derechos fundamentales de los contribuyentes. Esto implica la

revisión de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones tributarias y la
fomentación de la participación pública en la formulación de políticas tributarias.

La práctica de notificar al buzón del contribuyente por parte del SRI tiene
consecuencias legales y constitucionales significativas. Para evitar la vulneración del

derecho a la defensa del contribuyente, es esencial realizar reformas legales y mejorar

la infraestructura tecnológica. Asimismo, se destaca la importancia de promover la
formación en habilidades digitales para los contribuyentes y asegurar la entrega

oportuna de notificaciones.

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